Un nuevo auto judicial vuelve a dar la razón al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la gestión de las residencias de ancianos. En este caso se trata de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima de manera contundente el recurso de unos representantes de “Marea de Residencias”.

Entendían los recurrentes que se había archivado la causa sin que se practicaran todas las diligencias solicitadas y consideraban que existían “indicios de criminalidad” ya que los “protocolos” de no derivación a los hospitales “constituyeron una pieza clave”.

No lo entiende así la Audiencia que señala que “no cabe duda de que la investigación practicada en la fase de instrucción ha sido especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos y de los cuales se deduce que la atención desplegada fue la adecuada en cada caso (…)”. Y añade que “en todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios”.

Así las cosas, agrega que “no consta” que una derivación hacia los centros hospitalarios hubiera dado lugar “a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban”.

Explican los magistrados que las personas mayores de estas residencias no estaban “desamparadas” y “en peligro grave y manifiesto” sino que se encontraban “internas” en estos centros “con asistencia sanitaria”. Y “tampoco consta la incidencia” de estos protocolos pues “también se ha de tomar en cuenta que, al no existir capacidad para albergar a todas las personas afectadas, su situación en los hospitales hubiera podido incluso agravar la situación”.

Asimismo, y si bien es cierto que la situación en las residencias durante la primera ola del Covid fue “penosa”, “no se puede extender un manto de sospecha sobre todos los supuestos donde se produjo un fatal desenlace y mucho menos en esta sede penal en la que nos encontramos, que solo procede para los supuestos más severos de desatención o negligencia”.

La Audiencia Provincial, que condena a costas a los recurrentes, sentencia que “no se ha acreditado, ni se va a poder acreditar a través de toda la prueba solicitada, que haya existido una desatención y un nexo causal de la misma con el resultado final, por lo que procede mantener el archivo acordado”.

La filtración a la Ser

Este auto llega además la misma semana que la izquierda había reactivado con fuerza este asunto después de que la Cadena Ser publicara unas actas que realizó la Policía Municipal en las que describía la situación de las residencias durante la pandemia. La nueva portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, lidera ahora esta ofensiva contra Ayuso y anunció el lunes que su formación trasladará a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa “toda la documentación” para que determine si se “vulneraron Derecho Humanos”.

Incluso Mónica García se pronunció sobre esta cuestión a pesar de haber abandonado sus responsabilidades como jefa de la oposición en la Asamblea. La actual ministra de Sanidad acusó a la presidenta madrileña de “ocultar” esas actas a las que han tenido acceso los grupos parlamentarios y ahora también la Ser. “Lo que pasó en las residencias creo que ya lo sabemos todos y creo que se tienen que dirimir responsabilidades para poder hacer justicia”, afirmó García.

“Señora ministra, debería preocuparse por las personas mayores en todas las regiones de España y dejar su obsesión con Madrid. La Comunidad de Madrid fue la primera en dar un paso adelante durante la pandemia y ofrecer soluciones para proteger a la población. Usted que fue diputada en la Asamblea de Madrid debería saber que todos los grupos han tenido acceso a las actas siempre que lo han solicitado”, le replicó el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.

Precisamente, según un estudio publicado por Deusto Business School Executive Education, al frente del drama en las residencias durante aquellos meses se situó Aragón: más del 90% de los ancianos que fallecieron en la crisis lo hicieron en las residencias. Le siguió en segundo lugar La Rioja con más del 87% y, posteriormente, Castilla y León (74,9%), Navarra (73,1%) y Cantabria (71,4%). También por encima del 50% de muertes en geriátricos aparecieron las comunidades de Extremadura (68,6%), Galicia (58,3%), Asturias (52,7%) y Castilla-La Mancha (51,7%).

Ahora, un nuevo juzgado da la razón a la Comunidad de Madrid. “Con este llevamos 19 archivos”, señalaron fuentes de la Comunidad de Madrid. “Terminemos con la demagogia de la izquierda y de la ultraizquierda sobre las residencias, que busquen ahora nuevos argumentos”, apuntaron otras.

(Gentileza de Libertad Digital-Olivia Moya)