La Comunidad de Madrid ha celebrado este lunes, en la Real Casa de Correos, la firma del Pacto Regional por la Vivienda. La presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido, junto con el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, este acto en el que se ha alcanzado un acuerdo de colaboración entre los principales agentes inmobiliarios de la región.

Gracias a él, el Gobierno regional marcará las pautas de actuación a seguir en este sector, clave para la recuperación económica madrileña como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19.

Se trata «del pilar de otros futuros pactos» para paliar «los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda», ha indicado la presidenta.

El documento contiene siete apartados destinados a contribuir en la creación de empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid.

La seguridad jurídica, financiación suficiente y estable y reducción de trabas burocráticas, están entre los principales retos fijados en el pacto para un sector, que según los cálculos regionales, aporta el 7 % del empleo directo, el 15% del indirecto, y que genera hasta el 10% del PIB madrileño.

Una fórmula de colaboración público-privada que pretende movilizar todos los recursos disponibles que reactiven el sector con el fin último de generar vivienda digna a un precio asequible.

En este sentido, el Gobierno ha informado de que va a sacar antes de finales de año, tal y como avanzó ABC, los pliegos de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo para construir las primeras viviendas del Plan Vive.

«Queremos convertir la complicada situación actual en una oportunidad para transformar y actualizar el sector de la vivienda y que este Pacto sea el impulso definitivo para la profesionalización del sector y la generalización del I+D y los criterios de sostenibilidad», ha señalado Díaz Ayuso, tras destacar que se movilizarán todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y mejorar el acceso a la vivienda.

También se contempla una adecuada fiscalidad en materia de vivienda. La repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede oscilar hasta en un 25% de su valor. En este sentido, Gobierno y sector inmobiliario están de acuerdo en la necesidad de desarrollar políticas fiscales que «bonifiquen y promuevan la vivienda». «Redundará en un mayor volumen de actividad, generando así mayor recaudación», consideran.

En materia de vivienda social, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha asegurado que sigue trabajando para que su parque de 23.200 viviendas públicas, gestionadas a través de la Agencia de Vivienda Social, se incremente en otras 1.500 viviendas a lo largo de la presente legislatura. «A lo largo del próximo otoño se avanzará en la tramitación administrativa que permitirá iniciar las 400 primeras viviendas sociales», ha avanzado.

Asimismo, el pacto suscrito entre la administración regional y el sector inmobiliario incluye una modernización administrativa que permita aliviar la presión burocrática en materia de suelo y vivienda. «Provoca cuellos de botella que, junto con la dilación en el tiempo, ponen en riesgo los proyectos inmobiliarios y los de los propios residentes además de encarecer el precio final», ha informado la Comunidad.

La seguridad jurídica es el quinto de los pilares que sustenta este acuerdo sin precedentes. «Teniendo en cuenta que en un momento de incertidumbre económica como el actual, el sector debe de contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo», expone el Ejecutivo. Para ello, la Comunidad contempla la disposición de un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión.