El radar de la A-5 en el punto kilométrico 4,000, a la salida del túnel de la M-30 en Madrid, ha sido protagonista de numerosas controversias y apelaciones por parte de los conductores, especialmente por su reputación como uno de los radares más activos en la ciudad. La asociación DVuelta, en defensa de los conductores, ha logrado ganar las 24 apelaciones que ha presentado contra las multas emitidas por este cinemómetro.

Este radar se ha convertido en un punto estratégico para la recaudación de multas debido a su ubicación justo después del túnel, donde la velocidad máxima cambia de 90 km/h a 70 km/h. Esta diferencia ha llevado a numerosos conductores a recibir multas por exceder el límite de velocidad sin ser plenamente conscientes de la reducción.

El problema detectado por DVuelta radica en la certificación del cinemómetro, que supuestamente está verificado para controlar un tramo de 1,735 metros, pero las fotos presentadas como prueba muestran un tramo de 1,750 metros. Esta discrepancia ha llevado a los tribunales a anular las multas, argumentando que la distancia real recorrida es mayor que la medida por el cinemómetro, lo que invalida la eficacia probatoria de las sanciones.

La asociación ha destacado que este fallo podría remontarse a 2019, y su éxito en las apelaciones ha puesto en duda la validez de 250,000 denuncias generadas por este radar desde su instalación. Estas denuncias han resultado en una recaudación de 18 millones de euros hasta la fecha, y todas ellas ahora están bajo revisión, así como los puntos que pudieron haber sido detraídos a los conductores afectados.

Este cinemómetro, que lideró la recaudación para el Ayuntamiento de Madrid en 2022 y se mantiene entre los primeros en 2023, se enfrenta a una situación donde su legalidad y fiabilidad están siendo cuestionadas, lo que podría tener un impacto significativo en el panorama de las multas de tráfico en la ciudad.