El ultimátum que el Ministerio de Hacienda ha realizado al Ayuntamiento de Madrid para que regrese a la senda del equilibrio presupuestario y no supere el techo de gasto no ha sido bien digerido en el Palacio de Cibeles.

En contraste con el tono utilizado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la carta que el martes remitió a Hacienda en respuesta al requerimiento para que corrija el Plan Económico Financiero (PEF), este miércoles el concejal delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, calificó de «profundamente política» la actuación del departamento que dirige Cristóbal Montoro y aseguró que mantendrá el gasto y la inversión hasta final de la legislatura.

Sánchez Mato considera que la actuación del Ministerio de Hacienda responde a una posicionamiento «político que no nos tiene que sorprender», informa Europa Press. Durante una visita al cementerio de la Almudena ayer, apuntó directamente al ministro Montoro: «Estoy seguro que Hacienda está haciendo política y que al Gobierno del PP le viene bastante mal que podamos presumir, y con mucho orgullo, de tener una ejecutoria económica brillantísima, mérito del conjunto del Ejecutivo con su alcaldesa a la cabeza, y que pone delante del espejo a un Gobierno de la Nación que ha sido incapaz de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria estos años».

Ante la exigencia del Ministerio de Hacienda de que reformule el PEF para reducir el gasto en 238 millones este año y 243 en 2018, Sánchez Mato aseguró que no tiene intención de reducir las inversiones previstas. «Haremos compatible en la siguiente fase de la legislatura el cumplimiento de la legalidad y el incremento del gasto y la inversión, porque es lo que los madrileños necesitan», sostuvo el titular de Economía. «Las políticas públicas están blindadas en la ciudad de Madrid», añadió.

La clave está en que el Ayuntamiento de Madrid, que ya incumplió el techo de gasto en 2015 (17 millones de euros) y 2016 (234 millones), debe calcular el correspondiente a este año y el 2018 «partiendo del máximo gasto compatible con el cumplimiento en el ejercicio anterior», según Hacienda, y no en función del crecimiento del PIB a medio plazo, como se establece para las administraciones cumplidoras.

En caso de que el Ayuntamiento no corrija sus previsiones de gasto, el Ministerio de Hacienda podría sancionarlo con hasta 150 millones de euros, además de tomar control directo de las cuentas municipales enviando expertos del Gobierno, una especie de «hombres de negro».