La Comunidad de Madrid tendrá su propia ley de Familias. Sí, en plural, familias con ‘s’. Es una de las prioridades de Isabel Díaz Ayuso en su primer mandato con mayoría absoluta, pero, a diferencia de lo que intentó hacer la ministra Ione Belarra con la ley nacional, la presidenta regional no tiene ninguna intención de definir 16 tipos de familias, ni pretende diluir el papel de los padres en la educación de los hijos, sino todo lo contrario. La ley madrileña reforzará el papel de los progenitores en todos los ámbitos y, de paso, blindará los derechos de los abuelos como colaboradores necesarios.

Hace casi un año, el Gobierno de Sánchez tuvo sobre la mesa el anteproyecto de ley de Familias, cuya autora intelectual fue Belarra. «Ya no existe la familia, sino las familias, en plural», decía aquel borrador, tal y como informó ABC. Y a partir de ahí desplegó todo un catálogo de denominaciones de familias, hasta 16: «transnacional», «intercultural», «biparental», «reconstituida», «retornada», «joven», «monomarental»… Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, se prepara ya una norma que han bautizado como ley de Familias, aunque su nombre formal será «ley de protección integral a la familia». En el Gobierno de Ayuso se habla de la familia sin más, y como mucho se añade el adjetivo de numerosa o monoparental.

La elaboración del borrador ha empezado ya, pero el camino hasta su aprobación aún es largo, aunque la mayoría absoluta del PP eliminará cualquier tipo de obstáculo parlamentario. Los padres y los abuelos son protagonistas en esta ley, que garantizará el respeto a la libertad y autonomía familiar en la educación de los hijos, «frente a los poderes públicos, que tendrán carácter subsidiario». Es decir, lo contrario de lo que pretendía el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que dieron preferencia absoluta a los poderes públicos. «No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres», llegó a decir la entonces portavoz, Isabel Celaá.

En la ley de Ayuso, los abuelos serán reconocidos como sujetos de derechos, y se subrayará su función como «pilar fundamental del núcleo familiar». Se les considerará colaboradores de los padres en la educación de los hijos en la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones y experiencias. Con esta norma, la Comunidad quiere promover y facilitar «el ejercicio del derecho de los abuelos a tratar y visitar a sus nietos y a ser partícipes de su vida en los términos establecidos por la ley». Esta ley de Familias incluirá a los abuelos entre los beneficiarios de los servicios y programas de apoyo preventivo y reparador de la Comunidad de Madrid. Además, valorará de forma preferente la permanencia de los nietos con los abuelos, en los casos en los que la patria potestad no pudiera ser ejercida por los padres, «cuando ello fuera compatible con el interés superior del menor».

El apoyo a la familia y a la natalidad figura como uno de los objetivos principales del Gobierno de Ayuso. En los próximos meses se activarán diversas medidas de ayuda. Así, desde el 1 de enero la Comunidad entregará una ayuda de 1.800 por hijo nacido, tanto para partos múltiples como en caso de adopciones múltiples. Cada familia recibirá en un solo pago 3.600 euros en caso de parto o adopción de dos hijos, 5.400 si son tres y 7.200 si son cuatro. Esta aportación es acumulable, si se cumplen los requisitos, a las ayudas de 500 euros por hijo que reciben las gestantes menores de 30 años desde la semana 21 de embarazo, así como adoptantes, y hasta que el hijo cumple dos años. En total, son 14.500 euros por hijo.

Hay otra ayuda, de hasta 5.000 euros anuales por niño, para familias acogedoras, temporales o permanentes, que tengan que afrontar gastos extraordinarios. Es una convocatoria abierta que permite justificar gastos realizados a lo largo de 2023. Con esta medida se pretende a hacer frente a tratamientos o pruebas sanitarias que no cubra el sistema público de salud, o tratamiento pedagógicos y de logopedia.

Para los mayores hay novedades también. Habrá un nuevo modelo de atención, basado en la libertad de elección del lugar donde quieren vivir y en el apoyo contra la soledad. Se pretende que sean los mayores los que puedan decidir si permanecen en su hogar con todos los servicios que precisen o bien viven en una residencia. La teleasistencia se reforzará con más terminales y dispositivos periféricos como detectores de fuego y humo, gas, caídas, movilidad o pasividad, sensores de puertas, teléfonos adaptados y tabletas. Precisamente, la Comunidad creará el primer Cuerpo de Voluntariado Joven de la región para acompañar a personas mayores a través de llamadas y visitas a sus domicilios o residencias en las que vivan.

Por otra parte, el tratamiento de la adicción tecnológica ha subido en el ‘ranking’ de prioridades autonómicas. La Comunidad ampliará el servicio con equipos itinerantes en los municipios. La duración es de tres a seis meses, y va dirigida a adolescentes y progenitores.