La Comunidad de Madrid es la que menos economía sumergida tiene de España. Con una estimación del 16,2% de actividad informal, se sitúa casi siete puntos por debajo de la media nacional (23,1%) gracias, según los expertos, a los menores impuestos, el control de la burocracia y los incentivos a la inversión empresarial.

Los datos que sitúan a Madrid como la autonomía de menor economía sumergida proceden de un profuso informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la patronal madrileña CEIM, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Como explica el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, las políticas de bajos impuestos, menor burocracia y aliento a la inversión reducen la economía sumergida, del mismo modo que la alientan en aquellos territorios donde las políticas económicas transitan en sentido contrario.

También existen subvenciones, como el PER, que alimentan la economía informal, al limitarse las peonadas mínimas que se pueden realizar para percibir el subsidio.

Por su parte, el economista Javier Santacruz añade que, si bien cualquier estimación de la economía sumergida es un ejercicio teórico, es plausible que Madrid tenga menos economía sumergida, ya que la principal variable que determina su proliferación es la densidad y el peso de la excesiva regulación, que impide iniciar y continuar actividades económicas, prefiriendo los agentes económicos estar en la informalidad y fomentándose la corrupción, el fraude o el recurso a atajos para soslayar la legislación y la sobretributación.

La alta tributación, un incentivo al fraude

En el mismo sentido, el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles destaca para este periódico que «los impuestos más altos suponen un incentivo para la elusión fiscal». De ahí que la Comunidad de Madrid abogue por una tributación más baja, germen del debate sobre la armonización fiscal entre autonomías que se persigue desde Moncloa.

Robles prosigue explicando que, empíricamente, la alta tributación eleva la economía sumergida, tanto por hacerse más rentable el riesgo de sortear la fiscalidad como por las dificultades reales de ciertos colectivos para poder pagar esos altos impuestos.

En sentido contrario, explica el profesor de Finanzas del CEF, una imposición más baja reduce la economía sumergida por la mayor facilidad para cumplir con las obligaciones fiscales y la sobrerregulación. Además, indica que la reducción del peso relativo de la fiscalidad en las actividades potencia el dinamismo económico y alienta la creación de negocios y las inversiones.

Mayor aportación al resto de autonomías

Según el informe La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional, sucede además que Madrid, como región con menor tasa de economía sumergida dentro del territorio común -dejando aparte los regímenes forales propios de País Vasco y Navarra- sin embargo realiza una mayor aportación al resto de las regiones a través de la financiación autonómica.

Indica el estudio del IEE y CEIM que «la desigualdad de la economía sumergida entre los distintos territorios incide en la desigualdad del sistema, ya que supone que las regiones con menor tasa de economía sumergida tributan por rentas reales (o más próximas a las reales) y el resto no (o lo hacen en menor medida)». Eso supone, siempre según el informe, «un subsidio encubierto entre regiones no justificado» y debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar un sistema de reparto justo.

La presión fiscal se reparte entre los que sí pagan

Ello entronca con lo reflejado por otro reciente estudio del IEE, según el cual aparentemente la presión fiscal (porcentaje de recaudación sobre el PIB) parece menor en nuestro país que en las economías comparables, cuando sucede que si se ajusta la presión fiscal aparente a la renta disponible o se aísla de la economía sumergida -es decir, se reparte entre los que realmente pagan- la presión fiscal en España no es menor que la de nuestros socios europeos y economías comparables.

Según el Libro Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por el brazo intelectual de CEOE, la presión fiscal efectiva en España, que tiene en cuenta el efecto de la economía sumergida, es muy similar a la de la media de la Unión Europea, pues supone el 44,5% y el 45,0%, respectivamente, del PIB ajustado sin economía sumergida, por lo que debe ser más prioritario reducir la economía sumergida para aumentar la recaudación que aumentar aún más el diferencial entre los que pagan y no pagan impuestos. Por otro lado, en relación con la presión fiscal ajustada por renta, el denominado esfuerzo fiscal, se observa que éste en España en 2018 era un 6,6% superior al promedio de la UE y nos situamos en el cuarto lugar de la Unión en esta variable.