La aprobación de la Ley Trans impulsada por Irene Montero abrió hace meses el debate sobre la situación de los presos transexuales en las prisiones españolas. La norma está aún pendiente de aplicación en las cárceles, pero ha puesto en el foco algunos casos especialmente llamativos, como el del Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento, conocido como la cárcel de Fontcalent (Alicante), donde un preso trans -que había sido trasladado al módulo de mujeres al autopercibirse mujer- dejó embarazada a una de sus compañeras internas. El reo, de origen búlgaro, ya no se encuentra actualmente en esta prisión.

Según el relato confirmado por distintas fuentes penitenciarias, el interno llevaba varios años cumpliendo condena en el módulo de hombres de la prisión alicantina. Durante su estancia en la cárcel, inició un proceso de transición de género. No lo hizo constar en el registro, pues en su ficha técnica continuó figurando como varón. Tampoco llevó a cabo tratamientos de hormonación ni se sometió a cirugías para adecuar sus genitales a su sexo sentido.

Lo que sí reiteró fue su autopercepción como mujer y se hizo llamar como tal. Eligió un nuevo nombre acorde a su identidad percibida y desde entonces así se le conoció en la prisión. Llegado el momento, la presa trans decidió solicitar el cambio de pabellón para poder convivir con el resto de internas, y se le autorizó el traslado.

En el pabellón de mujeres, según constatan distintas fuentes penitenciarias, la interna -que, por otro lado, había revelado su orientación sexual lesbiana- inició una relación con una de sus compañeras internas quien, poco después, quedó embarazada. Aunque en un principio la presa pensó en interrumpir su embarazo, finalmente no lo hizo.

Este periódico se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias, que ha declinado pronunciarse sobre el caso alegando que se trata «de un asunto personal que afecta a un interno». El departamento, dependiente del Ministerio del Interior, no ha confirmado ni desmentido esta información, que ha sido contrastada con fuentes internas de la cárcel.

Ley Trans

La Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, entró en vigor el pasado mes de febrero, aunque su aplicación sigue pendiente en los centros penitenciarios. En la actualidad, rige la instrucción 7/2006, que regula cuestiones como la asignación de módulos y cacheos de personas transexuales, así como cambios de nombre o el acceso a las instalaciones de uso colectivo con vistas a facilitar un «internamiento adecuado», teniendo en cuenta los «preceptivos informes de valoración médica y psicológica» de cada caso.

Hasta 2001, Prisiones establecía como criterio para estas decisiones el de la «identidad sexual aparente, tomando en consideración sus caracteres fisiológicos y su apariencia externa». Sin embargo, en 2006, se comenzó a valorar la «identidad psicosocial de género». Así, se determinó que «con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psicosocial de género, a efectos penitenciarios, las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con ésta podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición».

Desde entonces, un informe psicológico hará constar que la disonancia de género tiene una trayectoria «en un período suficiente de al menos doce meses», «la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de forma determinante en su elección» y una «evaluación de la presencia de disforia de género».

La norma vigente en las prisiones autoriza los cambios de módulo o centro penitenciario para los internos trans cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psicosocial, aunque no implique una nueva identidad jurídica. También se obliga al personal de la cárcel al «empleo del nombre adecuado a su identidad de género», salvo en la documentación oficial.

La instrucción establece el procedimiento para determinar el traslado del interno a otro centro o módulo acorde a su identidad, a través de la apertura de un expediente de solicitud, que contará con un informe médico y psicosocial y, finalmente, la resolución correspondiente. Prisiones fija un plazo de 45 días de plazo para resolver el expediente.

Hasta el momento, Interior no ha modificado esta instrucción para adecuarla a la Ley Trans. Actualmente hay 79 personas trans en las cárceles españolas –excluyendo Cataluña y el País Vasco–, según los datos de Instituciones Penitenciarias. No se ha facilitado, sin embargo, información sobre el número de internos que han solicitado el cambio de sexo tras la entrada en vigor de la nueva ley.

(Gentileza de OkDiario-Luz Sela y Teresa Gómez)