Los planes que maneja el presidente Sánchez para seguir en La Moncloa ganándose el apoyo de los independentistas catalanes de Esquerra y de Junts tendrían un tremendo coste para la Hacienda pública. La condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que asciende a 72.000 millones, y que ha sido más que sugerida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de engrasar las negociaciones para una investidura equivaldría, por ejemplo, al coste de más de medio año en pensiones en toda España y a más de tres años de pensiones de los madrileños, que se situarán en 2023 en torno a los 22.400 millones.

Este sería el precio de renunciar al cobro de la deuda catalana pendiente, a pesar de que ésta, al igual que sucede con el resto de las autonomías españolas, se contrae a bajos tipos de interés y con largos periodos de vencimiento. Estas condiciones favorables, más la cantidad de gastos en los que han incurrido los sucesivos gobiernos catalanes para conservar vivo el sueño independentista, ha disparado el abuso del Fondo de Liquidez, que ha alcanzado durante la etapa de Pere Aragonés al frente de la Generalitat la cantidad más alta del conjunto de las regiones, casi doblando la de la siguiente, que es la Comunidad Valenciana, con 46.000 millones.

Las jubilaciones se han convertido en un objetivo estratégico del Gobierno a lo largo de la legislatura con el objetivo indisimulado de ganar votos. Esta fue la razón por la que decidió revalorizarlas el año pasado un 8,5% -entonces en línea con la inflación media, que ahora apenas sobrepasa el 2%- en contra de toda prudencia fiscal y presionando, por tanto, al alza el déficit público, que este año todavía puede cerrar sensiblemente por encima del 4%, en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas tiene previsto el año próximo volver a activar las reglas fiscales -3% de déficit presupuestario y 60% de deuda pública-.

Las políticas sociales

Según las estimaciones de las cuentas del Estado para 2023, el gasto en pensiones, la principal partida del presupuesto, podría elevarse a 190.000 millones, lo que representa casi un 12% del PIB, y está creciendo en lo que va de ejercicio a ritmos superiores al 10% debido precisamente a la revalorización impuesta por Sánchez en contra del criterio de todos los expertos nacionales y del exterior. Pero si tomáramos como elemento de comparación otro de los puntos sensibles de la política social como el subsidio de paro, el coste de condonar la deuda de Cataluña con el FLA equivaldría a casi tres años y medio de los pagos para hacer frente a los desempleados. Actualmente, la partida del presupuesto del Estado destinada al efecto asciende a 21.000 millones.

Todos estos cálculos serían muy superiores si, como puede suceder, la quita de la deuda se extiende a otras autonomías españolas o a todas. De momento, la sola mención de un trato de favor a Cataluña ha desatado una tormenta política. Tanto Esquerra Republicana, que ahora dirige la Generalitat, y cuyos diputados han respaldado la legislatura socialista, como Junts per Cat, el partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont, cuyos votos son indispensables para que, eventualmente, Sánchez sea investido de nuevo  presidente, dan por hecho que la quita se producirá; ni siquiera es el elemento de contraprestación más importante, pues ambos partidos esgrimen la convocatoria de un referéndum, y en el caso de Junts un indulto general para todos los encausados por el golpe de Estado que infligieron con Puigdemont al frente del Govern catalán en 2019.

Ayuso se opone

La reacción de las autonomías populares no se ha hecho esperar. En el caso de Madrid, que no tiene deudas pendientes con el FLA, sino que ha recurrido sólo a la financiación bancaria en condiciones de mercado, por un importe de 38.000 millones, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado: «lo que quiere Sánchez es comprar el poder con el dinero de todos los españoles, todo un agravio comparativo para las autonomías que se esfuerzan por no endeudarse». El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, hombre de confianza del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que «lo que se está intentando es una especie de la mutualización de la deuda», es decir, repartir la deuda de algunas comunidades con problemas entre todas. Galicia es una de las menos endeudadas con el FLA, con apenas 2.760 millones.

La posición oficial del PP es que todo lo relacionado con las cuestiones autonómicas exige una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde debe llegarse a un acuerdo, pues allí están presentes los máximos responsables de todas las regiones. «Es verdad que el sistema de financiación autonómica debe reformarse, pues lleva años con un modelo ya agotado, y todos están pidiendo un cambio que satisfaga sus aspiraciones, pero debe fraguarse de común acuerdo, jamás en el marco de una discusión bilateral con el único objetivo de mantenerse en el poder sin clase alguna de escrúpulo», aseguran fuentes próximas a Feijóo.

El problema para Sánchez es que tras el drástico cambio de poder territorial como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas de mayo, el PP copa la mayoría de ese Consejo, que podría así convertirse en un obstáculo insalvable para los planes de investidura del líder socialista, y la explicación de por qué Sánchez trata de negociar directamente con los catalanes.

(Gentileza de OkDiario-Miguel Ángel Belloso)