El programa electoral comunista de la formación de Yolanda Díaz, Sumar, incluye la censura de los medios de comunicación libres y propone “sanciones” e incluso la “expulsión de la carrera periodística” a quien “manipule y desinforme”. También plantea la elaboración de un Estatuto de la Información para supuestamente “proteger” a los profesionales del sector.

El Ministerio de la verdad sanchista se queda corto para Díaz, que plantea la instauración de un código deontológico que “acabe con las informaciones falsas”, contemplando “graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme”, todo ello en función del gobierno de turno, y no de una decisión judicial basada en el código civil o penal.

Además, la propuesta de Díaz para expulsar a profesionales de la carrera periodística es claramente anticonstitucional y entra en conflicto directo con el artículo 20 que reconoce y protege los derechos de los ciudadanos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Además, el ejercicio de estos derechos fundamentales, afirma la Constitución, “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Es decir, ningún juez, organismo o Gobierno puede “inhabilitar” o “expulsar” a un ciudadano que quiera comunicar “información veraz” a través de cualquier medio de difusión.

Recuperar el CEMA

Además, Sumar también propone recuperar la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador. En el año 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propuso la creación de este consejo destinado a “garantizar la transparencia y el pluralismo del sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos”. Ahora bien, estaba previsto que sus miembros fuesen elegidos “por mayoría cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados”, lo cual complica en gran manera su independencia política.

En otro apartado, Sumar ofrece revisar la actual regulación que obliga a las televisiones a invertir en cine y animación, “para contribuir de modo efectivo al apoyo de la producción independiente”. También propone la creación de comités públicos para que el proceso de selección de los proyectos en los que participen las televisiones públicas “se rija por criterios de transparencia, equidad y pluralidad”.

Asimismo, para fomentar la diversidad audiovisual, las televisiones públicas deberán dedicar un porcentaje de su presupuesto a la adquisición de títulos en lenguas oficiales del Estado, títulos europeos (no españoles) y latinoamericanos en condiciones equilibradas de mercado.

Si alguien del PP dijera esto algunos hablarían de censura. Si todos esos medios tuvieran algo de decencia y dignidad saldrían en tromba, no solo a criticarlo, sino a hacer todo lo posible para que esta gente salieran del gobierno. Son un peligro para la democracia y la libertad https://t.co/ixMVGJSq8o

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) July 6, 2023