El Tribunal Supremo acaba de asestar un duro golpe a una de las medidas puestas en marcha por el Gobierno en el contexto de la crisis del Covid-19: ha rechazado que un despido realizado durante la pandemia sea automáticamente nulo, y, por el contrario, aboga por aplicar en cada caso la legislación laboral vigente, pese a la prohibición que impuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las empresas de despedir a sus trabajadores.

El pleno de la sala cuarta estima así el recurso presentado ante un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que optaba por la nulidad de los despidos, al entender que estaban prohibidos e incurrían en fraude; el texto de la sentencia se hará público en los próximos días, señal el alto tribunal en una nota.

La Sala explica que el problema surgió a raíz del real decreto de medidas urgentes de 2020, que indicaba que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. En la práctica, indica la nota, esto suponía la «frecuentemente identificada como prohibición de despedir».

El Supremo concluye que un despido realizado en aquellas circunstancias «no debe calificarse como nulo» salvo que concurran circunstancias que lo justifiquen, como la vulneración de un derecho fundamental, el incumplimiento de las normas aplicables sobre despido colectivo o alguna circunstancia subjetiva generadora de especial tutela.

El decreto, prosigue el Supremo, no contiene una «verdadera prohibición», ni las consecuencias de que haya un despido fraudulento implican la nulidad; asimismo, tampoco el recurso a un ERTE figura como una «verdadera obligación». Cuando en un supuesto de extinción de contrato no aparezca ninguna causa válida, añade el Supremo, habrá que acudir a la legislación laboral vigente.