Un dato revelador da cuenta del esfuerzo de reparación que, durante años, ha realizado el Estado con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Lo ha reconocido el propio Gobierno, a través del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

En un reciente foro -Memoria Democrática y mundo local, organizado por la Diputación de Barcelona- este alto cargo de Sánchez admitió que, desde la Ley de Amnistía de 1977 hasta la actualidad, España ha destinado 25.000 millones de euros a reparaciones económicas de 608.000 víctimas de la dictadura.

«Se han hecho muchísimas reparaciones económicas, puede que insuficientes, pero muchísimas», enfatizó Martínez.

La cifra pone en cuestión el discurso de la izquierda sobre el abandono institucional hacia quienes fueron perseguidos durante este periodo histórico.

El responsable de Memoria Democrática desveló asimismo que desde el Gobierno se puso la cifra en conocimiento de quien fuera relator especial de la ONU para estos asuntos, Pablo de Greiff, quien se sorprendió de la ingente cantidad de recursos destinados a las indemnizaciones.

De Greiff quedó totalmente atónito ante ese dato: «¿Qué cifra estáis dando?», insistió sorprendido ante las autoridades españolas, admitiendo que era «la primera noticia de ese calado» que tenía. España es el segundo país que más ha pagado a sus víctimas tras Alemania por el Holocausto.

Los beneficiarios comprenden, explica el Gobierno, desde viudas de carabineros, de militares republicanos o de fusilados (unas 112.000 víctimas reconocidas en este último caso con pensión), a niños de la guerra, encarcelados e incluso homosexuales represaliados. Sólo el año pasado se pagaron 118 millones de euros para responder a las indemnizaciones reconocidas.

Comisión

Ahora, la llamada Ley de «Memoria Democrática»- pactada por el Gobierno con Bildu- recoge el derecho de las víctimas a la «reparación económica».

En concreto, la norma obliga al Gobierno a designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa las medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura, en función de lo previsto en la ley estatal y las autonómicas, pronunciándose sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y «los déficits que se puedan subsanar».

El secretario de Estado de Memoria Democrática reiteró en dicho foro la intención del Gobierno de analizar detalladamente las indemnizaciones reconocidas hasta ahora, tanto por parte de la Administración General del Estado como por las comunidades autónomas. Estas últimas, agregó, no se incluyen en el cómputo de los 25.000 millones por lo que la cantidad final que ya ha sido abonada sería incluso superior.

Una vez analizadas las conclusiones de dicha comisión, el Ejecutivo hará una propuesta «para que no haya ningún caso sin cubrir». «Una vida vale más que todo eso», señaló Fernando Martínez, quien destacó al mismo tiempo que es preciso «objetivar el proceso de indemnizaciones y pensiones».

Polémicas

La ley se encuentra ahora en la fase final del trámite parlamentario con la intención de que sea aprobada de forma definitiva a la vuelta del verano.

Entre otros puntos polémicos, el Gobierno se ha comprometido con Bildu a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Además, y entre otras medidas, se renombra el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se planea la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, uno de los planes inmediatos del Ejecutivo cuando la ley quede definitivamente aprobada.

(Gentileza de OkDiario)