Los fiscales «no podrán ejercer sus cargos en las Fiscalías que comprendan dentro» de «una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función». Así de rotundo se expresa el artículo 58 de la ley que regula el estatuto del Ministerio Fiscal a la hora de establecer las incompatibilidades entre los fiscales y sus cónyuges o parejas.

No obstante, al final del articulado se añade una última coletilla; «a juicio del Consejo Fiscal». Este órgano es meramente consultivo y se encarga de asistir «en sus funciones» al fiscal general del Estado, cargo que actualmente ostenta Álvaro García Ortiz. En consecuencia, sus informes no son vinculantes, y por tanto las decisiones corresponden en última instancia a la persona que encabeza el Ministerio Público.

Así las cosas, tal y como avanzó El Debate, este 8 de junio lo más probable es que García Ortiz nombre a su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos; puesto que se creó a partir de la Ley de Memoria Democrática que el PSOE pactó con Bildu. En el mes de enero el máximo responsable de la Fiscalía –órgano que tiene que actuar obligatoriamente bajo los principios de «unidad de actuación» y «dependencia jerárquica»– ya encargó a Delgado asuntos en materia de derechos humanos, que actualmente compatibiliza con sus funciones como jefa de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

A pesar de los impedimentos que recoge la Ley que regula al Ministerio Público, la pareja de Delgado, el abogado y exjuez de Baltasar Garzón, posee un despacho –ILOCAD– que ejerce sobre derechos humanos, y por ende acerca de la misma materia y en el mismo territorio que su pareja sentimental. De igual manera, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) es una entidad privada con sede en España y cuya «misión es combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos».

La memoria democrática

Además, si Delgado llega a la Fiscalía de Memoria Democrática se encargará de asuntos similares a los que desempeña la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Esta entidad promovió en 2013 la creación de la «Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo», que, según ellos mismos, «agrupa a más de 100 organizaciones que trabajan en Memoria Histórica» para «exigir al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el derecho de las víctimas de los crímenes franquistas».

En este contexto, FIBGAR –entidad de las más, y sino la más, importantes de España en el ámbito de la memoria democrática e histórica– participó en la ONU en la «V Sesión del Comité sobre Desapariciones Forzadas». Igualmente, «acompañó a una delegación de víctimas del franquismo en su viaje a Bruselas el 5 de agosto de 2014 para exigir ante el Parlamento Europeo que España cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación».

Actos conjuntos

El pasado 10 de marzo, tanto Garzón como Delgado participaron en unas jornadas sobre memoria histórica y democrática, tal y como informó Europa Press. Así pues, la exministra reivindicó la proyección de la Ley de Memoria Democrática mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional reprobó al líder del PP, Núñez Feijóo, por «incitar» a «incumplir la ley». Ambos juristas también defendieron la importancia del nuevo marco legislativo.

Ese mismo mes, los dos miembros de la pareja sentimental participaron como «conferencistas internacionales» en el III Foro Mundial de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Argentina y al que también acudieron otras figuras de la izquierda, como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Asimismo, el 13 de mayo Garzón y Delgado abrieron en Valencia –con la conferencia «El deber de la memoria»– el programa de memoria democrática «Las fosas del franquismo», como lo avanzó EP. El que fuera magistrado abogó por «blindar» la Ley de Memoria Democrática, mientras que la exfiscal general del Estado expresó «el deber que tenemos todas y todos de seguir avanzando en el camino de la memoria; básicamente porque de las víctimas hemos aprendido todo».

(Gentileza de El Debate-Ramiro Fdez-Chillón)