El Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, gastará 1.950.000 euros en subvenciones para «mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas». La convocatoria, que acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), va dirigida a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otras entidades encargadas de «la responsabilidad de gestión, cuidado y salvaguarda de las poblaciones de gatos». La cuantía de estas ayudas supera ampliamente otras subvenciones, resueltas también estos días, como las destinadas a las asociaciones de víctimas del terrorismo que, entre diferentes partidas, apenas superan el millón de euros.

Con estas subvenciones, Derechos Sociales sufraga los gastos destinados a controlar las colonias felinas «por el método ético de captura, esterilización y retorno». El Gobierno se hace así cargo del coste del «tratamiento veterinario de los individuos de las colonias felinas», de los programas para «mejorar las condiciones de vida y alimentación de los individuos de las colonias felinas» y de las actividades de formación del personal municipal y «concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas».

Entre los gastos subvencionables se incluyen «jaulas trampa» y otros «materiales de captura y transporte de gatos», cirugías de esterilización e implantación de microchips, desparasitación y vacunación «de los individuos de la colonia». El Estado corre además con los gastos que suponga el «acondicionamiento de las colonias felinas en el municipio», como «mobiliario» o pienso. La convocatoria -que admite solicitudes hasta el próximo 24 de julio- no es ni siquiera anual. Esos casi dos millones abarcan sólo el período comprendido entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo del que viene.

Víctimas de ETA

La convocatoria se ha difundido apenas un día antes que las ayudas que concede la Fundación de Víctimas del Terrorismo. En este caso, el importe de las subvenciones, que tienen que ser autorizadas por el Ministerio del Interior, asciende a 290.000 euros, apenas 43.500 por entidad. Estas ayudas van dirigidas a «asociaciones fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la atención a las víctimas del terrorismo o el desarrollo de actividades en homenaje a víctimas del terrorismo, además de las universidades y demás instituciones que desarrollen actividades a favor de dicho colectivo».

Entre los gastos a financiar se incluyen «homenajes, publicaciones o estudios relacionados con las víctimas, actos de concienciación social, reconocimiento y recuerdo de las víctimas del terrorismo en España», además de los gastos que acarrea «la presencia en juicios y causas contra el terrorismo, asistencia jurídica y apoyo legal a víctimas del terrorismo y sus familiares en asuntos relacionados con su condición de víctima». Igualmente, se costean actividades a favor de las víctimas y sus familiares, como «terapias de recuperación, campamentos y actividades con la infancia».

Además, el Ministerio del Interior concede anualmente un millón de euros a repartir entre todas las organizaciones. Una cuantía que Grande-Marlaska acostumbra a ensalzar en sus intervenciones para tratar de defenderse de las críticas por el traslado de los etarras al País Vasco y Navarra.

El objetivo de esta otra ayuda pública es garantizar el funcionamiento de las entidades representativas de las víctimas del terrorismo, así como financiar sus programas de información y concienciación social contra el terrorismo y la preservación de su memoria y sufragar los de asistencia directa a las víctimas del terrorismo y sus familiares en sus necesidades sociales, laborales, psicológicas, sanitarias o jurídicas.

Aunque Interior ha aumentado la cuantía de estas ayudas desde la llegada de Sánchez a La Moncloa -un 7,5% más-, el incremento es mínimo, si se compara con otras, como las que concede a los sindicatos, que han pasado de 8,88 millones de 2020 a 17 millones en 2022 y 2023.

La concesión de las ayudas para las víctimas de ETA se ha publicado este mismo miércoles, en plena polémica por la inclusión de 44 etarras condenados en las listas de Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez, y en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. El Gobierno intenta dar por zanjada la crisis, sin reproches hacia sus aliados. Más bien al contrario. Sánchez incluso ha tendido de nuevo la mano a Bildu para aprobar, en junio, un decreto de medidas económicas, confirmando así al partido de Arnaldo Otegi como su socio indispensable para sostenerse en La Moncloa.