Dice la ley («Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales») que el día 1 de marzo tendría que estar cerrada la liquidación del Presupuesto del año anterior de un Ayuntamiento. De cualquier Ayuntamiento serio. Pero el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón no es serio porque aún no tiene cerrada la Liquidación del Presupuesto 2022 del Ayuntamiento. No la tiene cerrada.

Dice esa misma ley también que el día 31 de marzo tendría que hacerse público ese Presupuesto del año anterior para presentarlo en Hacienda. Vuelvo a hablar de un Ayuntamiento serio. Pero el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón no es serio porque, como no tiene cerrada la Liquidación del Presupuesto 2022 del Ayuntamiento, no la podrá hacer público. E incumplirá la ley…

¿Y por qué no está cerrada la liquidación del Presupuesto 2022 del Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón a 22 de marzo de 2023?

¿Acaso, como otros años, están cuadrándola a martillazos porque apunta un déficit estratosférico y la alcaldesa Quislant se niega hasta que se publiquen las listas del PP a la Asamblea de Madrid porque le puede perjudicar?

¿O acaso es porque la interventora Camenchu Miralles (la genial interventora que Quislant se trajo de Getafe a dedo y de aquella forma tan rarita) anda metida en un jardín que está volviendo locos a la titular del Órgano de Contabilidad (María Elena Garrido), al titular del Órgano de Gestión Presupuestaria (Ricardo Gómez) y a la Directora General del Área de Vicealcaldía (Irene Barrios)?

Cómo estarán de la Miralles que Ricardo Gómez, me cuentan ya ha dimitido y María Elena Garrido está a punto.

Irene Barios, por su parte, también está desesperada pero tiene algo más de correa al llevar ya soportando a Eduardo Oria mucho tiempo… Y eso curte.

El caso es que el Ayuntamiento de Pozuelo es un manicomio. Ya dijimos hace tiempo que, ante el vacío de poder que existe desde hace un año (cuando Quislant vio que dimitía Egea) que, desde entones, se hizo con el poder la interventora Miralles. Y esta forastera, en su afán de poder, decidió cambiar de criterios contables. Porque yo lo valgo y, de paso, hacerse imprescindible.

Y lo peor es que no se aclara con esos nuevos criterios. Anda liada como la pata de un romano. Lo que vale hoy no vale mañana o viceversa. Inseguridad jurídica se llama.

¿Es verdad que, incluso, esos criterios los está exigiendo Carmenchu con efectos retroactivos?

Si es así, la cosa es mucho más grave.

Pero lo cierto es que hay decenas y decenas de facturas sin pagar porque, en teoría, no están bien formuladas. Lo dice ella y punto pelota. Con lo que la señora Miralles culpa de sus despropósitos a los contratistas. Ellos son los que mandan mal las facturas.

Contratistas que está soportando unas condiciones muy gravosas con lo que se empieza a entender el abandono de obras…

Termino, aunque el escándalo es tan grave que volveré sobre él, con otra pregunta: ¿Está también quemado con esta señora el jefe de de la Asesoría Jurídica Felipe Vilches?

En fin, todo un desatino…Típica herencia de Quislant…

Seguiremos informando…

La Piraña del Meaques