El exministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, en su año y medio al frente de esa cartera, realizó 16 viajes a Cádiz, algunos con reserva de hotel incluida, a costa del erario público.

Tal y como cuenta este 15 de febrero de 2023 Antonio Naranjo en el digital El Debate, el que fuera máximo exponente judicial del Ejecutivo, gastó cerca de 300.000 euros, 286.000, en desplazamientos a la provincia gaditana. En varios de esos desplazamientos también recurrió a alojarse en hoteles.

Lo curioso del caso es que Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, dispone de dos viviendas en ese territorio.

Una en la capital, en Cádiz, y la otra en Zahara de los Atunes.

Lo mejor de todo es que el exministro de Justicia tampoco fue demasiado creativo a la hora de justificar con solidez las razones por las que hacía ese cargo al contribuyente.

Los argumentos más habituales a los que recurrió fue que iba a participar en un programa de una televisión local o que iba a acudir a un seminario.

Sin embargo, al menos en un par de ocasiones, ni siquiera se molestó en buscarse una excusa de peso y alegó que el viaje era para desplazarse a su vivienda particular.

Incluso, en alguno de esos desplazamientos, llegó a ser cazado con su pareja, con Meritxell Batet, en playas y restaurantes de Zahara de los Atunes.

Luis Ventoso, en su tribuna en El Debate, asegura que, por decencia, Juan Carlos Campo debería dimitir de su cargo, pero sospecha que no será así:

“¿Hay que dejar pasar que un ministro se ha pegado la vida padre con cargo al erario público solo por el hecho de que es del PSOE y entonces tiene bula? ¿Puede sentarse como magistrado en el TC un tipo que según la documentación oficial del Ministerio de Justicia cargaba gastos absolutamente desproporcionados para los fines de semana en sus casas de asueto? En una democracia normal, sana, Juan Carlos Campo debería estar haciendo hoy mismo lo que hizo Dívar en su día. Veremos”.

El caso Carlos Dívar

Lo curioso de todo es que por un gasto 100 veces menor, Carlos Dívar, el fallecido magistrado del Tribunal Supremo, tuvo que dejar su puesto en 2008 por cargar 2.990 euros para irse 20 fines de semana a Puerto Banús (Marbella).

Aunque la Fiscalía archivó la denuncia al entender que en los hechos relatados no había rastro alguno de delito, finalmente, el Tribunal de Cuentas sentenció, en un procedimiento administrativo, que solo había reproche contable por valor de 2.990 euros, el importe que fue irregularmente cargado al órgano.

Sin embargo, las presiones tanto internas como externas forzaron al jurista a renunciar al cargo, un mes después de hacerse público lo ocurrido, y tras haber devuelto la totalidad del dinero injustificadamente empleado. El resto de los fondos, por el contrario, se asignaron correctamente a viajes institucionales organizados por el propio Consejo General del Poder Judicial y vinculados a su Presidencia.