Pedro Sánchez se ha adelantado una semana a la conmemoración del Día de la Constitución planteando una OPA hostil contra el máximo intérprete de la Carta Magna.

Su decisión de postular al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional ha caído como una bomba en la Judicatura. No en vano, Campo fue el ministro que enmendó la plana al Tribunal Supremo al redactar los informes de los indultos a nueve condenados del procés; y también quien elaboró la reforma de la Ley del Poder Judicial que el presidente utilizó para maniatar al CGPJ y prohibirle nombramientos estando en funciones. Además, él puso los primeros mimbres para derogar el delito de sedición, puesto que redactó la primera propuesta.

A la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre una decisión que, de entrada, contraviene el artículo 159.3 de la Carta Magna («los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres», es decir, de cuatro en cuatro), con Campo se da una enorme paradoja.

El TC tiene pendiente de resolver seis recursos de inconstitucionalidad sobre leyes que él mismo supervisó siendo ministro. Puesto que todos los proyectos de ley y reales decretos ley del Consejo de Ministros pasan por el filtro del Ministerio de Justicia, aunque el proponente sea otro ministerio. También pasan todos por el tamiz de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

De manera que Campo tendría que inhibirse, a riesgo de ser recusado si no lo hiciera. Fuentes gubernamentales restan hierro a esta circunstancia y destacan que el sistema de incompatibilidades del TC es lo suficientemente claro como para que Campo se aparte cuando tenga que hacerlo.

En primer lugar se trata de los recursos que tanto el PP como Vox presentaron contra la Ley Celaá y contra la Ley de eutanasia. En el primer caso fue una ley educativa aprobada en plena pandemia, a finales de 2020. La Ley de eutanasia, por su parte, fue tramitada como proposición de ley del grupo parlamentario socialista y no como proyecto de ley del Ministerio de Sanidad, pero Campo y su equipo supervisaron todos los pormenores.

El Constitucional también tiene pendiente resolver recursos de Vox contra la reforma laboral y la Ley riders de Yolanda Díaz, el ingreso mínimo vital y la Ley de protección a la infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Todos ellos fueron aprobados por el Consejo de Ministros cuando Campo estaba al frente de Justicia.

A lo largo de 2021, TC propinó cuatro varapalos a decisiones adoptadas por el Ejecutivo con Campo de ministro. El máximo intérprete de la Carta Magna declaró inconstitucionales los dos estados de alarma, el cerrojazo al Congreso durante el primero de ellos y la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada que controla el CNI.

Cuando hace dos semanas se desató la polémica en torno a la ley del solo sí es sí con las primeras rebajas de condena, el exministro Campo se mantuvo callado. Él había sido el primero en alertar de la baja calidad de la norma, allá por la primavera de 2020, cuando el Ministerio de Igualdad elevó el primer anteproyecto al Consejo de Ministros. Por tanto, podía haber sacado pecho. Sin embargo permaneció en silencio, no quiso hacer sangre. Ahora es más comprensible por qué.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)