El Gobierno concedió hace casi un año nueve indultos a otros tantos políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por delitos contra la Constitución.

Y lo hizo pese a haberlos tenido bajo investigación con Pegasus, de ser cierta la tesis de que hasta 60 dirigentes independentistas fueron objeto de espionaje entre 2017 y 2020, para controlar el peligro que suponían para la seguridad nacional.

Pero nunca se supo cuáles fueron las razones exactas de Pedro Sánchez para justificar una medida de gracia con unos reos bajo posible investigación que ni mostraban arrepentimiento ni renunciaban a lograr, incluso por la fuerza, la independencia unilateral de Cataluña.

El Debate publica por primera vez el escrito literal que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, redactó para oponerse al rechazo al indulto mostrado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, firmado el 22 de junio de 2021, apenas medio año después de que, según todos los indicios, la peligrosidad del movimiento separatista requiriera incluso de una precisa investigación de la inteligencia española que ahora amenaza con llevarse por delante la estabilidad del Gobierno.

Se trata de 32 páginas escritas de su puño y letra en las que, bailando sobre el alambre, el delegado de Sánchez confiesa que no existen razones de «equidad» ni de «justicia»; reconoce que no se dan las circunstancias ni de arrepentimiento ni de renuncia y, pese a todo, impulsa la liberación de los condenados con un sorprendente argumento: lo hace por el bien de España y la «utilidad pública» que comporta la medida.

«Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública», llega a decir Campo en su informe, entregado a este periódico por imposición legal que desvela un año después la estrategia del Gobierno para atender la gran exigencia de sus aliados parlamentarios: sacar de inmediato de la cárcel a Junqueras, Cuixart, Sánchez, Llull, Turull, Romeva y compañía, todos ellos conjurados aún en la causa independentista.

Aún más, el titular de Justicia llega a confesar, sobre uno de los indultados cuyo nombre se omite en el expediente entregado a El Debate pero se repite en todos los casos, que no es merecedor del «regalo» que, sin embargo, el Gobierno de España le hizo contra el tribunal que le condenó.

«Los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de (qué aparece el nombre de cualquiera de los nueve «premiados») no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo», afirma Campo con una pirueta retórica en la que, por un lado, asume que la opinión pública rechaza a los reos pero, por otro, les libera en nombre de los ciudadanos.

«Como ya se expuso, el indulto que persigue una utilidad pública es un acto de dirección política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta. Una vez más, debemos recordar que esta propuesta se funda en que, a juicio del órgano constitucionalmente competente, el indulto satisface mejor el bien común de España», prosigue el exministro en un escrito que Moncloa ha guardado en un cajón hasta hoy.

«Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales. También el bien común de la nación (…)», añade.

Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública, dice el Gobierno en su informe «secreto»

Aún más, Campo también reconoce que el Gobierno se salta las razones de equidad y justicia, exigidas en la Ley de Indultos para concederlos, para proceder a la «anulación» de las duras sentencias del Tribunal Supremo:

«No hay que pensar únicamente en aquellos casos en que razones de equidad o de justicia material aconsejan una reducción o un perdón de la pena impuesta». El derecho de gracia también cumple una importante función «en aquellos otros casos en que, sin que medien serias razones de equidad o de justicia material a favor del reo, otras consideraciones de interés general aconsejan la clemencia».

Son casos, en suma, donde los elementos a valorar para la concesión o denegación del indulto superan el ámbito del delito, el delincuente o la pena, para el 22 de junio de 2021, «centrarse en aspectos que afectan a la sociedad en su conjunto, como claramente ocurre en esta ocasión».

Del supuesto «interés general» alegado por el destituido Campo, da cuenta el anuncio que hace apenas unos días lanzó el propio Junqueras en persona, en un acto público de ERC donde dejó claro que los indultos, lejos de pacificar, estimulan a su movimiento:

Según el líder separatista, la negociación con Pedro Sánchez sobre la independencia tendrá lugar y se celebrará «aunque solo fuera para decidir el reparto de activos y pasivos entre la nueva república naciente y el Reino de España, aunque solo fuera con aquella comunidad internacional» de la que su República, dijo, «quiere formar parte». «La negociación existirá seguro aunque solo fuera para negociar en qué condiciones nos incorporamos en el concierto de las naciones libres del mundo».

Lejos de amainar el procés, pues, se ha redoblado el esfuerzo, con una tregua de la vía unilateral, un crecimiento en votos de ERC y una situación de dependencia casi agónica del Gobierno de Sánchez a cuento del «Caso Pegasus», que ha servido para incrementar la pinza de los republicanos, de Bildu y de Podemos contra el presidente.

(Gentileza de El Debate)