Reducir la temporalidad en el sector público pasa a formar parte de la lista de compromisos incumplidos por el Gobierno de Sánchez, al menos hasta la fecha. Y mucho tendrá que maniobrar para corregirlo de aquí a final de legislatura, porque lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido justo lo contrario.

La paradoja es de órdago: desde que el Gobierno aprobó su polémico decreto ‘contra la temporalidad’ y, por tanto, asumió legalmente la obligación de reducir el número de interinos (abril de 2021), lo que en realidad ha ocurrido es que la cifra no ha parado de engordar y va camino de alcanzar la cifra récord del millón cien mil empleados públicos sin puesto fijo y sin habérselo ganado en propiedad en una oposición.

Desde que proclamara esa obligación legal de reducir la temporalidad, el Estado ha sumado más de 40.000 interinos adicionales. Parte residen en la Administración central, otra parte –el grueso– en las autonómicas, y el resto en las administraciones locales –ayuntamientos y diputaciones–.

Así lo acredita el Instituto Nacional de Estadística (INE) en las sucesivas encuestas de población activa (EPA) que ha ido publicando en los últimos años. El Gobierno habla de la ‘estabilización’ de los interinos, término elegido por el Gobierno para referirse a esta maniobra que permitirá que empleados públicos temporales puedan convertirse en funcionarios de carrera sin opositar. El decreto que lanzó para ello en abril de 2021, conocido como ‘Icetazo’, acabó sustanciándose en ley a finales de aquel mismo año.

La escalada

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto, el conjunto del Estado, todo el sector público del país, sumaba un total de 1.033.700 empleados públicos temporales. Así lo certificó la EPA del primer trimestre de 2021. Menos de dos años después, a 30 de septiembre de 2022, la EPA del tercer trimestre de ese ejercicio –última publicada hasta la fecha– cifra la lista de interinos en 1.075.100; es decir, 41.400 más que cuando el Gobierno prometió y se obligó legalmente a reducir el número de temporales en el sector público.

La cifra puede ser aún mayor a día de hoy, habida cuenta de que la tendencia ininterrumpida ha sido la de engordar las administraciones con más interinos. Y teniendo en cuenta, también, de que desde la última EPA publicada han transcurrido más de tres meses.

Es decir, cada vez más interinos al mismo tiempo que el Gobierno ha abierto de par en par la excepcional puerta para convertir en funcionarios de carrera a temporales que, en algunos casos, obtendrán plaza fija no solo sin opositar ahora sino sin haber opositado nunca. Este es, por ejemplo, el supuesto que encaran más de 600 secretarios, tesoreros e interventores interinos de ayuntamientos y diputaciones, a la vista de la convocatoria que acaba de publicar el Gobierno para ese crucial cuerpo de altos funcionarios encargados de controlar la legalidad administrativa y contable en las entidades locales.

En cuatro años, 298.000 más

La contradicción en la que ha incurrido Sánchez, aumentando el número de interinos tras comprometerse legalmente a reducirlos, no es novedad en su currículum gubernamental. No lo es porque desde que aterrizó en La Moncloa el volumen de interinos en el sector público español ha crecido sin freno. Cuando desalojó a Mariano Rajoy con ayuda de Podemos y de los independentistas, Pedro Sánchez se encontró un país con 777.100 interinos, según la EPA del segundo semestre de 2018.

Ahora, según la última EPA publicada, hay 298.000 más. Con Sánchez, en poco más de cuatro años la plantilla temporal en las administraciones públicas ha aumentado un 38%. Y eso que en la exposición de motivos del ‘Icetazo’ el Gobierno censuraba que la temporalidad en la función pública es «una realidad que se aleja de la deseable» y «afecta al funcionamiento de la propia Administración».

(Gentileza de ABC-Roberto Pérez)