El calendario que blinda la capital a los vehículos más contaminantes ha cambiado un par de fechas. José Luis Martínez-Almeida anunció este viernes una moratoria para los camiones ligeros con distintivo medioambiental B, que podrán entrar en el corazón de Madrid durante un año más. Su veto empezaba el 1 de enero de 2023, como marca la ordenanza de movilidad que entró en vigor en septiembre del año pasado, pero se pospondrá al 1 de enero de 2024. Los transportistas han conseguido que el alcalde abra la mano después de un 2022 cuesta arriba tras el golpe pandémico, la guerra en Ucrania y la inflación disparada.

La medida afecta a los 3.824 vehículos que acceden a diario a Distrito Centro, la zona de bajas emisiones que sustituyó al Madrid Central de la exalcaldesa Manuela Carmena. Almeida ha concedido la prórroga «para que no se vean perjudicados por una normativa difícil de cumplir en este momento económico». Los problemas en las cadenas de suministro de automoción y microchips retrasan las entregas de los nuevos vehículos que, sumado a unos precios que han llegado a escalar un 10 por ciento, complican la renovación de la flota de los transportistas.

«Nos venía preocupando desde que se aprobó la ordenanza de movilidad», cuenta por teléfono el director general del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC), Jorge Somoza, «nos parecía un calendario bastante exigente, sobre todo, en un sector formado principalmente por autónomos y pymes». Los 3.800 vehículos son ligeros de mercancías de hasta 3.500 kilos con el distintivo ambiental B —gasolina y diésel matriculados a partir de 2005— y suministran al entramado económico del distrito Centro que, según el censo municipal, aglutina el mayor número de empresas y locales de la ciudad, 20.318 negocios, el 11,3% del total.

La moratoria dilata un año más las prohibiciones que atañen a los transportistas, pero el resto del mapa de restricciones de tráfico diseñado por el equipo de Almeida se mantiene intacto. La nueva ordenanza de Movilidad Sostenible fijó en septiembre de 2021 los plazos para implantar las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE), una orden directa de Bruselas. La legislación española adaptó la directiva de la Unión Europea en 2021 y, a partir de 2023, la Ley de cambio climático y transición energética obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a dibujar áreas de circulación restringidas.

Un calendario flexible

El primer veto en el calendario madrileño ya existía: fue la continuación del blindaje ideado por Carmena, el mismo perímetro restringido a los vehículos A —sin etiqueta medioambiental, los más contaminantes— y solo traspasable por los B y C si estacionaban en un parking. El siguiente paso fue el cierre de Plaza Elíptica, el punto negro de la contaminación en la capital, a los A y, desde el 1 de enero de este año, estos vehículos tampoco pueden circular en el interior de la M-30.

El 1 de enero de 2023, la propia circunvalación también estará bloqueada a los turismos y motos que carezcan de etiqueta, los gasolina previos al año 2000 y los diésel anteriores a 2006, que contaminan de media 1,6 veces más que los B; 7,2 veces más que los C (híbridos no enchufables y propulsados por gas natural) y 47 veces más que los ECO (híbridos enchufables). Ese mismo día, los transportistas con camiones ligeros tampoco podrán internarse en el centro de Madrid. Los últimos pasos de este cierre progresivo se dejan para enero de 2024, cuando se vete a los A en todo el municipio salvo residentes, y enero de 2025, con la inclusión de los empadronados.

«Lo que pedimos una mayor flexibilización de ese calendario, ni mucho menos que se nos exima», remarcaba el director de la CMTC, Jorge Somoza, después de la reunión con Almeida, la enésima mantenida con el equipo municipal (también con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante) este año, en el que han batallado por la moratoria. Este viernes al mediodía, al terminar el encuentro, Almeida compartió la noticia. Enseguida se interpretó como un guiño a Vox.

El siempre «socio prioritario» del Gobierno bicéfalo de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, el partido que permitió a Almeida tomar el bastón de mando en 2019, se resiste desde hace tiempo a continuar en ese papel. El gesto más importante, el apoyo a los presupuestos municipales, ya desapareció el año pasado. El alcalde salvó las cuentas ‘in extremis’ con el apoyo de los concejales carmenistas, los mismos con los que sacó adelante su ordenanza de Movilidad Sostenible, que establecía el nuevo Distrito Centro (la réplica rebautizada de la medida estrella de Carmena) y el calendario restrictivo hasta 2025. Vox siempre estuvo en contra y convirtió las restricciones medioambientales en su línea roja para sentarse a negociar.

La moratoria anunciada era una de las propuestas que defendía el grupo liderado por Javier Ortega Smith. «El equipo de gobierno acierta cuando aplica las medidas propuestas por Vox», lanzó el partido en una nota de prensa. «Lo celebramos, pero no es un guiño a nosotros, sino a la realidad», zanjaron fuentes del grupo municipal, que con su tono habitual criticó el «trilerismo político» y el «fanatismo climático» del alcalde. Vox sigue pidiendo más, que se extienda la prórroga a las «250.000 personas que entran cada día» en Madrid.

Enmiendas y cuentas

En cualquier caso, la moratoria de Almeida es un acercamiento a la postura de Ortega Smith después de semanas en las que ambos han escenificado el enfriamiento de su relación. «El coste para los madrileños de que Ortega Smith pueda circular por la Gran Vía son 121 millones», ha sido una de las frases favoritas del alcalde para presionar al portavoz desde que presentara sus últimas cuentas, en el mes de noviembre, que prometen rebajar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) al 0,4%, el mínimo legal.

Faltan diez días para el desenlace. El próximo 20 de diciembre, en el último pleno de Cibeles del año, el Gobierno de PP y Ciudadanos introducirá una enmienda en la nueva ordenanza de limpieza (que se somete a su aprobación definitiva) para modificar la ordenanza de movilidad y dar luz verde a la prórroga de los transportistas. Vox votará con un ‘sí’, mientras la izquierda, Más Madrid y PSOE, ya evidenció este viernes su negativa. En el mismo hemiciclo se decidirá si el Ayuntamiento de Madrid estrena 2023 con las cuentas aprobadas. Y la jugada de Vox en este asunto, por ahora, es un ‘no’.