«Hoy en Consejo de Ministros aprobamos la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, elaborada en Conferencia Sectorial tras un año de trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas y que marca las líneas, políticas y actuaciones que nos guiarán en la erradicación de las violencias hasta 2025».

Con ese tuit la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba la renovación de este mecanismo caducado desde 2016, según detallaba, con el consenso de todos los Gobierno autonómicos.

Pero desde la Comunidad de Madrid afirman que ese consenso no es tal. De hecho, según ha podido saber EL MUNDO, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, envió ya una carta a la ministra de Igualdad en la que afirmaba que «en ningún caso» se podía hacer «en nombre de la Conferencia Sector de Igualdad».

«Muchas comunidades autónomas y especialmente Madrid hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestro desacuerdo con la metodología de trabajo que el Ministerio ha impuesto tanto en la elaboración de esta estrategia», se puede leer en la misiva a la que ha tenido acceso este diario.

«Hemos discrepado con el contenido elaborado por el Ministerio al entender que no cumple con los objetivos marcados por la Ley, además de proyectar un enfoque eminentemente ideológico que tampoco concita la unión y conciliación de posturas para lograr lo que en su día supuso un consenso en la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género», continúa el texto en el que la consejera asegura que el Gobierno regional muestra «su total rechazo a que se instrumentalicen los órganos de colaboración entre administraciones».

Entienden en la Puerta del Sol que «la única finalidad» de la ministra anunciando el consenso es «dar apariencia de participación de las comunidades autónomas». «Son meras decisiones unilaterales impuestas y recubiertas de un sesgo ideológico sin ni siquiera mostrar interés en buscar un consenso en beneficio de los ciudadanos», afirma la consejera. Y en la misma línea se ha mostrado la directora general de Igualdad de la Comunidad, Patricia Reyes: «La Comunidad de Madrid no ha elaborado ni ha aprobado esta Estrategia».

La ministra Montero había apuntado que con ese pacto España recupera «la unidad de acción de todas las instituciones del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres» con medidas como «garantizar la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género»; «fortalecer la colaboración con organismos internacionales»; «consolidar la financiación de las entidades feministas que son las que, en muchas ocasiones, atienden a las mujeres víctimas de violencia machista»; aplicar medidas contra la violencia política contra las mujeres»; «hacer todos los recursos accesibles para mujeres con discapacidad», o promover la «inserción sociolaboral, también para mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual».