Pedro Sánchez va a pasar a la historia de España como un presidente sin escrúpulos y que pone su interés personal por encima del Estado de Derecho.

La alianza de Sánchez con los autores del golpe de Estado de 2017

Cuando llegó al poder y a falta de una mayoría parlamentaria suficiente, decidió aliarse con partidos políticos que rechazan la Constitución y la unidad de España y que llevan años socavando nuestras libertades y nuestros Estado de Derecho, en un constante empeño por romper la convivencia entre españoles. En el caso del separatismo catalán, ese afán llegó al extremo de protagonizar un golpe de Estado para suspender la vigencia de la Constitución en una parte de España, con el fin de separarla del resto de la Nación. Como ha quedado demostrado, el separatismo dio ese paso tras recibir la promesa de ayuda militar y económica por parte del régimen de Putin. Es uno de los hechos más graves ocurridos en las últimas décadas en España.

Las cesiones de Sánchez ante los golpistas para que le dejasen seguir en el poder

Al aliarse con los delincuentes que promovieron ese golpe de Estado, Pedro Sánchez se mostraba dispuesto a ceder ante ellos, incluso cuando anunciaban que lo volverían a hacer. Esa disposición a conceder a sus aliados separatistas lo que pidiesen sólo tenía un fin, y era de carácter puramente egoísta: garantizar la permanencia de Sánchez en el poder al precio que fuese, incluso a costa de degradar nuestra democracia al poner al gobierno al servicio de quienes habían cometido un golpe de Estado. El precio a pagar por el apoyo de sus aliados separatistas ha ido elevándose a medida que ellos percibían la debilidad y la desesperación de Sánchez por seguir en el poder como fuese.

Los aliados del gobierno socialista han ido obteniendo de Sánchez cesiones como tolerar las algaradas separatistas en Cataluña. Después llegó el momento de legitimar a un líder separatista inhabilitado por cometer un delito de desobediencia, el anterior presidente catalán Quim Torra. Unos meses más tarde, Sánchez cedió ante el separatismo en su plan de marginar el idioma español en Cataluña. Poco después llegaron los escandalosos indultos a los condenados por el golpe separatista de 2017. En mayo, la claudicación ante el separatismo llegó con la decapitación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para dejarlo incapacitado para hacer frente a un nuevo golpe separatista. La última y más infame de toda esta serie de cesiones, con la que Sánchez pretende seguir un año más en el poder (hasta la próxima convocatoria de elecciones generales) ha sido eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los golpistas, para dejarles impunes y que se puedan presentar a las próximas elecciones.

Sánchez pone en grave peligro a nuestra democracia

Esa última cesión de Sánchez es una forma de abaratar el precio por intentar quebrantar la ley y el Estado de Derecho, y una forma de animar al separatismo a repetir su golpe. Y todo, repito, porque Sánchez pone su interés personal por encima del Estado de Derecho. A Sánchez no le preocupa España: sólo le preocupa seguir en el gobierno como sea. Con su actitud egoísta e irresponsable, Sánchez traiciona a nuestra democracia y la pone en grave peligro, pues con esa amnistía encubierta anima a los enemigos de España y de la Constitución a repetir el golpe separatista de 2017 y los graves desórdenes públicos que conllevó.

Con sus acciones, Sánchez sabe que va a desencadenar una grave inestabilidad política que afectará de lleno al próximo gobierno (según casi todas las encuestas, los socialistas y sus aliados comunistas perderán las próximas elecciones), y es muy posible que su propósito sea precisamente ése, para ponérselo difícil a su sucesor y asegurarse un rápido regreso al poder.

Sánchez merece ser destituido y acabar en prisión por lo que está haciendo

En los países democráticos no debería estar permitido que un gobernante se alíe con delincuentes, porque el precio a pagar siempre será el mismo: ceder ante ellos, lo que erosiona el Estado de Derecho y, concretamente, el principio de la igualdad de todos ante la ley. Que un gobernante se alíe con delincuentes y cambie la ley para favorecerles siempre es un acto de corrupción, que debería implicar de inmediato su dimisión o su destitución.

Es intolerable que un gobernante esté alterando nuestras normas de convivencia y rebajando el precio por violarlas porque sus aliados han sido condenados por ello, y para así poder seguir un año más en el poder. Es tan escandaloso hacer algo así por un beneficio económico como hacerlo por un beneficio político personal, que al fin y al cabo implica el beneficio económico de disponer de un sueldo considerable como presidente del gobierno y de todos los recursos del Estado para beneficiarse a sí mismo y a su círculo personal. Pedro Sánchez no sólo merece ser destituido: debería ser juzgado por corrupción y acabar en prisión.

(Gentileza Elentir)