El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles (Madrid) investiga cientos de miles de euros en contratos menores dados entre 2015 y 2019 por el anterior equipo de Gobierno del PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva seis años recopilando información y testimonios. Este pasado jueves, la exalcaldesa Noelia Posse declaró ante la jueza que lleva la causa.

En el centro de la investigación están los contratos de menos de 50.000 euros dados para obras en colegio, equipamiento deportivo y tareas de comunicación. Además de Posse, hay otros 28 investigados. Tres de ellos son antiguos concejales: el de Hacienda, Javier Gómez, una antigua teniente alcalde y responsable máxima de la empresa municipal Móstoles Desarrollo, Jéssica Antolín, y el exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez.

La causa nace por la denuncia de dos antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles que desempeñaban cargos en Hacienda. Según los informes de la UCO, en poder de El Independiente, el Ayuntamiento de Móstoles adjudicó en el verano de 2016 ocho contratos menores a cinco empresas por casi 350.000 euros para remodelar ocho colegios.

En el apartado deportivo, se señalan cuatro contratos menores por valor de 48.623 euros a las empresas Maxport y Gamosport 1977. En octubre de 2018, ambas sociedades compartían local comercial. Entre 2016 y 2018, la segunda sólo pago 245 euros a su único trabajador. La primera le abonó 3.049 euros en dos años. El objetivo de emplear dos compañías, sugiere la Guardia Civil, era saltarse las restricciones que establece la ley.

La trama de la comunicación

La parte de la investigación sobre los contratos para temas de comunicación es la que más aristas tiene. Tanto el Ayuntamiento de Móstoles como la empresa pública Móstoles Desarrollo fraccionaron, presuntamente, decenas de contratos en favor de unas pocas empresas.

Los mayores beneficiados fueron dos empresarios, Alberto G. M. y David Z. V. El primero, a través de la empresa Monsul Comunicación y Publicidad, obtuvo 51 contratos por valor de 185.716 euros. Otra de sus compañías, Clepsidra, ganó tres contratos por 11.685 euros entre 2017 y 2018, relata la UCO. Eso por parte del Consistorio madrileño. La empresa pública dio a Monsul dos contratos por 39.000 euros en 2017, y otro a él como persona física por algo más de 18.000.

David Z. V., por su parte, se llevó 25 contratos troceados entre enero de 2015 y abril de 2018. La empresa adjudicataria era Comunicación y Edición Mostoleña Independiente, y el objeto era meter publicidad en el periódico Móstoles al Día. En total, 195.052 euros, según la investigación.

Otra de sus compañías, Asesores Móstoles Gestión, recibió 24 contratos por 184.525. A esto hay que sumar 18.150 euros que recibió otra sociedad del que posee el 25% de las participaciones, Prensa Escrita Al Día. En total, 50 contratos menores entre 2015 y 2018 por 397.727 euros del Ayuntamiento de Móstoles.

La empresa pública Móstoles Desarrollo le entregó cuatro adjudicaciones menores en 2019 por 63.767 euros. En total, contando todos los contratos además de los troceados, 566.093 euros. En el caso de ambos empresarios, la UCO considera que muchos de los acuerdos correspondía a los mismos trabajos, o similares, por lo que según la ley tendría que haberse licitado de manera conjunta. Separándolos, los entes públicos podían darlos de manera discrecional, sin pasar por controles de publicidad ni escuchando más ofertas.

Además, la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha otros contratos de comunicación. Dos a Miguel Ángel G. M, (hermano de Alberto) y a Cristina L., y un tercero a Monsul Comunicación, del que la mujer era trabajadora. Fueron tres contratos en tres años consecutivos por 186.013 euros.

Por último, hay dudas en ocho licitaciones a Divisa Informática y Telecomunicaciones entre 2016 y 2018 por 97.314 euros. Y 35.300 euros que fueron a parar a AG Marketing que dio el Ayuntamiento para trabajos ya encargados.

Interés del concejal y la alcaldesa

En un informe de finales de 2023, la UCO redactó las relaciones entre el exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, y los empresarios beneficiados por la trama de la comunicación. Los agentes han entrevistado a multitud de antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles, que han relatado que Sánchez encargaba que se les pidiese presupuestos a los hermanos y David Z. V., y que mantenía relación con ellos desde una etapa anterior en Getafe.

Un empleado del Consistorio señaló a la UCO que “las sedes de las empresas” de los hermanos y del concejal, “han tenido relación con la localidad de Getafe”. Otro puntualizó que “son gente del entorno de Getafe, ayuntamiento del que venía” Sánchez y el anterior alcalde, David Lucas, ahora secretario de Estado de Vivienda. Un tercero añadió que la relación “va más allá del plano laboral y que las solicitudes de presupuesto siempre Roberto le pedía que se los requiriese” a las empresas de Alberto G. M. Las empresas “eran siempre propuestas por Roberto para la realización de cualquier tipo de contrato menor en el ámbito institucional”, señaló otro a los agentes.

Otra trabajadora narró que le obligaron a firmar facturas antiguas para que se les abonase, algo a lo que se negó. “Que dichas facturas eran reclamadas por (…) Miguel Ángel G. Tras no firmar dichas facturas, le llamó Roberto [el concejal] a su despacho, preguntándole por qué no las había firmado, a lo que dijo que no le correspondía a ella. Roberto le dijo que esas facturas había que firmarlas, hasta el punto de presionarla, llegando a enfadarse”, resume la UCO en su informe.

La Guardia Civil señala que con David Z. V. no tenía una relación tan próxima, aunque desde su consejería le dieron más contratos que los que venía recibiendo. Con quien sí tenía contacto este empresario era con la entonces Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles entre 2018 y 2023 y mujer fuerte del PSOE en la Comunidad de Madrid.

La UCO creer que podría haber “un posible vínculo” entre Posse y David Z., “del que se pudiera desprender interés por parte del cargo público en la adjudicación de contratos al empresario”. Los investigadores señalan dos encuentros en hoteles donde “habrían coincidido alojados”. Uno de ellos se anuncia como lugar de citas y está situado en el polígono industrial cercano a la A-5, tal y como adelantó El Confidencial y ha comprobado este periódico. El segundo está en el complejo residencia de Los Ángeles de San Rafael. El jueves pasado Posse declaró por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.