El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral a PDeCAT, Convergència Democrática de Cataluña (CDC) y los extesoreros de esta última formación por el denominado caso del 3%. La intención es esclarecer la estructura puesta en marcha supuestamente para financiarse de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia acuerda la apertura de juicio oral a un total 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña. Destacan Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca, últimos tesoreros de CDC. Pedraz también llama a declarar a 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El magistrado declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa, según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El auto de Pedraz

El auto, que consta de 23 páginas, recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Para PDeCat y CDC solicita una multa de tres millones de euros por un delito de blanqueo de capitales, según establece el artículo 33.7Q del Código Penal.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de más de 20 años de prisión para los acusados al considerar que desarrollaron una «estrategia para el financiamiento ilícito» que se habría realizado «sistemáticamente» a lo largo de los años del predecesor político de PDeCat, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC). Las condenas más altas se solicitan para sus exdirigentes Andreu Viloca y Germá Gordó, que fue consejero de Justicia entre 2012 y 2016.

Los casos del 3% y Palau implosionaron la formación fundada en 1974 por Jordi Pujol, que gobernó la región durante tres décadas. Tuvo que refundarse en 2016 como Partit Demòcrata (PDeCAT), del que cuatro años más tarde se escindió Junts per Catalunya. Anticorrupción considera que PDeCat está lejos de ser «un nuevo partido». Entiende su nacimiento como «la mera transformación o cambio de apariencia» para desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido CDC.

El Ministerio Público ya detalló que entre 2008 a 2015 «altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».

El Tribunal Supremo ya dictó sentencia del caso Palau en 2020. Dio como probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas de la Generalitat. El dinero llegaba al partido a través del Palau de la Música de Cataluña. Sus principales gestores, Félix Millet y Jordi Montul, fueron condenados a penas de prisión de nueve años.

(Gentileza de The Objetive-Fran Serrato)