La ley trans impulsada por Irene Montero, y paralizada por el PSOE en el Congreso para la inclusión de enmiendas, incluye una cláusula que permite el cambio del sexo registral tantas veces como uno desee. El artículo 42, que regula la Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas, permite que «transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el Registro Civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este capítulo para la rectificación registral».

Es decir, que en medio año quien haya cambiado su sexo en el DNI podrá volver a su situación original sin ningún trámite. Para volver a solicitar el cambio en el sexo del DNI (una tercera vez) se requerirá de la promoción de un expediente de jurisdicción voluntaria. Esto es, de la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

«No se trata de un juicio porque no pleiteas contra nadie, ni tan siquiera necesitas abogado ni procurador. Básicamente tienes que solicitarlo al juez, que te citará para escucharte, y también al Ministerio Fiscal», explica a THE OBJECTIVE Guadalupe Sánchez. La abogada considera que «se está tratando de crear desicentivos formales al fraude», pero en la práctica «será raro que el juez no acceda a la solicitud salvo en casos muy sangrantes». Si el juez accediera, se podría proseguir ad Infinitum.

La inclusión de este artículo, en definitiva, plantea la posibilidad de fraude. Por ejemplo, en el caso de varones que quieran cambiar su sexo registral para obtener una plaza en determinadas oposiciones, como las de la Guardia Civil (en las que se reservará un 40% de plazas a las mujeres), para posteriormente volver a su situación inicial sin necesidad de trámite alguno. También hay quien se cuestiona, como la filósofa Ana Pollán, por qué se incluye este artículo en la norma si desde el Ministerio de Igualdad «defienden que las personas trans saben muy bien quién son».

Precedentes en otros países

Hay precedentes en otros países. Uno de los casos más mediáticos es el de Brad Cooper, en Reino Unido, que cambió de sexo en tres ocasiones hasta que decidió pasar el resto de su vida como una mujer (Rea). Nació como un varón, pero a los 15 dijo identificarse como una niña, así que se sometió a un tratamiento de cambio de género. Tres años después, dio marcha atrás y dejó el tratamiento hormonal, justo antes de la cirugía. En 2017 decidió transicionar a mujer de manera definitiva.

Esto fue posible gracias a una norma que está en el punto de mira. Y es que aquellos países en los que se inspira la ley trans de Irene Montero (como Reino Unido, Finlandia, Suecia o Australia) están dando marcha atrás. Y es que cada vez son más las personas que se arrepienten de la transición y denuncian una atención médica «inadecuada», así como leyes que «facilitan» este cambio durante la pubertad; etapa que se caracteriza por el descubrimiento, entre otras cosas, de la sexualidad.

Los expertos destacan la «vulnerabilidad», particularmente psicológica, de los menores trans. El 97% de los adolescentes que se declaran trans sufren problemas subyacentes que no han sido tratados como autismo, TDAH, TOC, trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, etc; el 71% tienen problemas para socializar… Además, según varios estudios internacionales, la disforia de género se supera entre un 75 y un 90% de los casos, una vez pasada la adolescencia.

Para más inri, un estudio reciente publicado por Lesbians United, organización lésbica con sede en Estados Unidos, demostró que los medicamentos que bloquean el desarrollo de la pubertad tienen consecuencias muy negativas en la fisionomía de los menores. Entre los problemas detectados destacan los ligados «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico».

Los bloqueadores para el desarrollo de la pubertad (también conocidos como agonistas de la GnRH, hormona liberadora de la gonadotropina) se han recetado a los adolescentes con disforia de género desde 1998, pero también a delincuentes a los que se les ha castrado químicamente. Hasta junio de 2022, la FDA (la agencia de medicamentos de Estados Unidos) ha recibido más de 60.400 informes adversos sobre el uso de los agonistas de la GnRH comunes, incluidas casi 8.000 muertes.

La ‘ley trans’

Este -el cambio de sexo sin límites en el DNI- será solo uno de los efectos de la aceptación legal de la «autodeterminación de género». Este es un concepto polémico, denunciado por médicos y psicólogos por su falta de rigor científico, así como por las feministas clásicas, que entienden que supondrá el «borrado de las mujeres», por cuanto «entra en conflicto con la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género».

Estas voces del feminismo clásico han solicitado al PSOE que detenga la norma de Unidas Podemos. El pasado domingo la Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle una reunión exprés, alertarle de los peligros que entraña la ley trans y exigirle su paralización. Sánchez parece haber tomado nota.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)