El Gobierno de España tiene una importante laguna en memoria democrática: 2.037 víctimas del bando republicano que no figuran ni en el Archivo General de la Administración ni en el Centro Documental de la Memoria Histórica. THE OBJECTIVE ha obtenido en exclusiva una respuesta del Ministerio de la Presidencia a un particular en la que admite no tener «referencias» sobre los muertos en los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumadas de manera furtiva dos millares de víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña.

Aquel crimen de lesa humanidad está recogido en el informe judicial que llevó a cabo el juez Josep Maria Bertran de Quintana, nombrado por las autoridades republicanas para investigar desde 1937 aquellos cementerios clandestinos. Un informe que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática dice no tener en su haber, pese a que ha sido admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta de varios diputados de Vox en 2021.

El encargado de arrancar esta confesión al Gobierno es el abogado experto en transparencia Guillermo Rocafort, que en declaraciones a este medio denuncia que desde la cartera de Félix Bolaños «se amparan en que se trata de documentación antigua, cuando es obvio que la documentación de la Guerra Civil es toda antigua, por el tiempo transcurrido, más de 86 años».

«Entiendo que las autoridades actuales han hecho desaparecer dicho informe, al objeto de que no se conozcan los delitos y genocidios provocados por sus correligionarios y que es una prueba más de que a las actualidades autoridades políticas no les interesa que se divulgue y se informe de los crímenes cometidos en las retaguardias del Frente Popular», reflexiona Rocafort.

Sin embargo, aún quedan rastros del mencionado Informe del Juez Bertran de Quintana en otros organismos oficiales, como en la base de datos del Archivo Histórico Nacional consultable en la web de PARES del Ministerio de Cultura. Pero con parquedad en detalles. Tan sólo figuran catorce personas desaparecidas, con nombres y apellidos, en Cataluña durante la Guerra Civil. Ninguna de ellas es mencionada en el Censo de Víctimas, a excepción de Antonio Camí Miguel, sobre el que, sin embargo, no se dan detalles acerca de las circunstancias de su muerte.

En el censo, paradójicamente, figuran los victimarios y no las víctimas. En el enlace titulado Correspondencia sobre traslado de reclusos y detenidos, constan 20 asesinos condenados en la causa instruida por Bertrán de Quintana. Una circunstancia que el abogado experto en transparencia considera injustificable: «Está muy mal meter en el censo a las víctimas y a los verdugos, aunque fueran represaliados después por el franquismo, pero aún es mucho peor que las víctimas no figuren y sí sus verdugos».

Llueve sobre mojado en los cementerios clandestinos. Y es que la Generalitat de Cataluña también oculta a sus víctimas, en su mapa oficial de fosas, con el agravante de que estos estaban ubicados en la región. Una «infamia» que, tal y como adelantó THE OBJECTIVE, ha hecho que la Asociación Raíces -de la que Guillermo Rocafort es secretario general- haya ampliado su querella criminal contra el director de Memoria Democrática en la región, Antoni Font, presentada en septiembre por su negativa a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga 700 cadáveres de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil.

Ley de Memoria Democrática

Este hallazgo se produce la misma semana en la que el Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado su Ley de Memoria Democrática. La norma, que amplía la Ley de Memoria Histórica preconizada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha suscitado una gran polémica. De hecho, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la derogará si llega a La Moncloa porque es «un retroceso en las libertades y la democracia».

El motivo es, fundamentalmente, que EH Bildu ha logrado -condicionando sus votos a esta medida- que el PSOE añadiera una disposición adicional por la cual se creará una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia».

El apoyo de la coalición abertzale, según la oposición, ha debido tener alguna contrapartida. Acaso que la ley vaya a castigar con dureza (multas de entre 10.000 y 150.000 euros) cualquier acto de exaltación del franquismo, pero se olvide de los ongi etorri, que es como se conoce en euskera al recibimiento con honores que reciben algunos etarras en el País Vasco. El Gobierno se comprometió en 2018 a reformar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y más de cuatro años después no lo ha hecho. Un olvido imperdonable, como el de las 2.037 víctimas del Frente Popular que no figuran en el censo oficial de la Guerra Civil.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)