Las estadísticas oficiales ocultan que hay 509.269 parados más de los reseñados por el Ministerio de Trabajo esta semana y que, además, la creación de empleo en el sector privado está minada por el aumento de empleo público, que prácticamente anula el incremento de puestos de trabajo del país.

Frente a la cifra oficial de 2.941.919 parados del Gobierno, la realidad es que entre personas incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en formación, con disponibilidad limitada y autónomos sin actividad, registrados en otros parámetros estadísticos, el volumen de parados que computan como tales en otros países de la Unión Europea, pero no en España, asciende actualmente a 3.451.188 personas. La diferencia es de 509.269 efectivos, que realmente no están trabajando queriendo hacerlo, y que son invisibles para las estadísticas de fin de mes de la cartera dirigida por Yolanda Díaz.

En este sentido se pronuncia el ingeniero, consultor y demógrafo Alejandro Macarrón: «El empleo público equivalió al 100% del incremento neto de empleo desde 2005 a 2021», explica a THE OBJECTIVE. A través de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la oficina estadística europea, Eurostat, Macarrón constata que el aumento del empleo en España procede únicamente del sector público.

Más empleo público

Cuando el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió la herencia del jefe del Ejecutivo saliente, en junio de 2018, las estadísticas contaban 3.162.162 parados, y bien es cierto que supone una cifra superior al desempleo que exhibe el Gobierno a cierre de septiembre de este año, de 2.941.919 parados. Pero, por otro lado, la serie histórica del INE demuestra que el aumento de empleados públicos desde que gobierna Sánchez asciende a 336.100 efectivos.

Además de esta circunstancia, que revela que la subida del empleo no procede del sector privado, argumento que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, blandieron este martes para escenificar la supuesta buena marcha del empleo, la realidad estadística es que hay 258.126 demandantes de empleo con «disposición limitada» fuera de la estadística oficial de parados.

Tampoco computan como desempleados los que lo son pero se encuentran en procesos de estudios o de formación: 233.143 personas que no tienen empleo pero asisten a cursos intentando colocarse.

Aún hay 18.000 trabajadores incluidos en ERTE, que en realidad no acuden a su puesto de trabajo por orden empresarial, sectorial o gubernativa, y cuyo sueldo está cercenado por las circunstancias de producción de su empresa o sector. En este punto, además, las estadísticas no recogen a todos los autónomos que actualmente no han podido retomar su actividad.

En cualquier caso, la suma de los inactivos con disposición limitada, los trabajadores incluidos en ERTE y en formación más los autónomos expulsados tras las restricciones de la pandemia suman 509.269 parados más que camuflan las cifras oficiales.

Si a ello se le une la creación de 336.100 empleos públicos más en estos tres años, la cifra de paro del sector privado ‘ascendería’ a 3.787.288 personas. Con el matiz de que las plantillas de las Administraciones cuestan al sector privado del orden de 13.000 millones de euros al año. Y de que, en total, la brecha entre los desempleados reales y los que figuran como tal es de 845.369 personas, si consideramos la diferencia entre la oficialidad computable (2.941.919 parados a 30 de septiembre de 2022) y la realidad de los demandantes de empleo, que ascienden a 3.787.288 efectivos.

(Gentileza de The Objetive-Isabel Acosta)