Manuel Recio y Antonio Fernández, exconsejeros de Empleo de la Junta socialista de Andalucía, durante la etapa de los ERE, se sentarán en el banquillo por varios delitos de prevaricación, malversación y fraude en la concesión de subvenciones por valor de más de 33 millones de euros que, presuntamente, recibieron las empresas del entramado atribuido al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, ya fallecido.

Así lo ha decretado el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, tras firmar el cierre de la fase de instrucción de una de las causas más importantes de los cursos de Formación, según ha podido conocer El Debate en primicia.

En plena campaña de Gobierno para conceder el indulto al expresidente autonómico José Antonio Griñán, un nuevo escándalo de corrupción sacude a varios de los que fueron hombres fuertes del socialismo andaluz durante la época en la que el histórico político, también condenado, estuvo al frente de dicha Administración.

Los dos exsocialistas, Recio Menéndez y Fernández García, participaron, supuestamente, en el desvío de fondos públicos, dirigidos a los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi, junto con un total de otras nueve personas –de las cuales seis también han sido procesadas– entre las que se encontraban, además del propio Ojeda, un hijo de éste y varios trabajadores de las sociedades empleadas en la trama.

El juez Vilaplana ha destacado en el auto de procesamiento cómo «a través del otorgamiento de estas subvenciones, los responsables de la Consejería de Empleo», ahora procesados, «habrían posibilitado la contratación ficticia y fraudulenta de los trabajadores de Delphi, comprometiendo fondos de forma ilícita mediante la simulación de unos supuestos contratos para obra o servicio determinado, que no tenían, de hecho, contenido efectivo pues no obligaban a realizar otra actividad que no fuese la de recibir la formación».

Además de no existir una «verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente entidad empleadora subvencionada», los contratos de trabajo formalizados «sólo tenían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los extrabajadores incluidos en el dispositivo de tratamiento singular (DTS) el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que, de otro modo, no tendrían derecho».

«Esta ficticia contratación laboral, sin efectiva prestación de servicios y con la consiguiente obtención de prestaciones derivadas de las correspondientes cotizaciones, infringen también directamente la normativa laboral, tanto las disposiciones relativas al contrato para obra o servicio determinado, como las referidas a la obligación de cotizar», añade el magistrado en la resolución que ha sido notificada esta mañana a las partes.

De igual manera, «la contratación subvencionada colisiona frontalmente con la regulación de la cotización a la Seguridad Social en el Ordenamiento Jurídico Español, obligación que nace con el inicio de la actividad laboral y se mantiene durante todo el período en que el trabajador desarrolle su actividad».

Como consecuencia de «este irregular sistema de asistencia y contratación simulada de los trabajadores de Delphi», diseñado por los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía «en conjunción» con el exconsejero de Hacienda Ojeda Avilés y el resto de los investigados, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social «extendió», un total de cuatro «Actas de Infracción en fecha 30 de mayo de 2014» frente a las mismas entidades que resultaron sancionadas.

Una trama de «facturación circulante»

Tal y como se ha señalado por parte del juez Vilaplana, «las diligencias practicadas permiten deducir» que el fallecido Ángel Ojeda Avilés «habría posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de estas subvenciones utilizando con un amplio entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones –que se describen a continuación–, y que aparentaban ser de distinto origen y finalidad. Algunas ya estaban constituidas», aunque no tenían actividad alguna «y otras fueron fundadas con posterioridad; si bien todas ellas formaban parte del denominado Grupo Prescal controlado» por el propio exconsejero de Hacienda, Ojeda Avilés.

De acuerdo a las conclusiones del magistrado instructor, «todo este entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones habría sido empleado con tres finalidades fundamentales. De un lado, para concurrir –y obtener– distintas subvenciones, singularmente las vinculadas con el llamado Dispositivo Delphi, como si de entidades distintas y diferenciadas se tratare».

Además, y al margen de lo anterior, «ninguna de las asociaciones promovían actividades para el título que presentaban, tan sólo pretendían enmascarar la realidad con una denominación altruista», y salvo una de las mismas, «fueron constituidas poco tiempo antes de la concesión de la correspondiente subvención, sin medios y sin ninguna experiencia propia en formación profesional».

Por otra parte, «para simular contrataciones intragrupo que le permitieran generar una facturación circulante, defraudando así en la parte dedicada a formación». Por último, permitir al exconsejero Ojeda la «transferencia de capitales de una entidad a otra para sostener financieramente el entramado y posibilitar la contratación de productos bancarios que le reportaran beneficios».

No en vano, «la mecánica delictiva vinculada con la desviación del importe de las subvenciones en favor de las empresas del entramado societario» diseñado por los dos exconsejeros ahora procesados, Fernández y Recio, y que se otorgaban a «las asociaciones beneficiarias», como se ha visto, terminaba en una suerte de entidades vinculadas a las que se éstas se las transferían.

De este modo «más de 7,4 millones de euros tuvieron como destino una serie de cuentas tituladas por las distintas entidades del entramado, aperturadas en su mayor parte en el BBVA, y que resultaron ser todas libretas de ahorro».

Las asociaciones beneficiarias dependían del ingreso «de las subvenciones del Plan Delphi para efectuar los pagos propios del desarrollo de su actividad, de modo que no tenían actividad alguna al margen de aquéllas; sin embargo, las entradas de capital por este concepto representan el 60 % de las mismas».

Y es que, al mismo tiempo, «tuvieron ingresos procedentes de cuentas de entidades vinculadas» del grupo empresarial gestionado por el exconsejero Ojeda (Grupo Prescal). Unos ingresos que no serían sino «retornos de fondos previamente abonados o transferidos por las asociaciones».

Así, cuando «se recibían fondos desde entidades vinculadas, éstas ya habían recibido en fechas anteriores pagos de las asociaciones por cantidades iguales o superiores. En muchas ocasiones eran cantidades idénticas a las enviadas anteriormente por las asociaciones a las mismas entidades ordenantes». Una operativa con la que se «simulaba una pluralidad de ingresos, y para ello la forma de reseñar los mencionados movimientos se divide entre ‘pagos a cuenta facturas’ o conceptos ‘en blanco’, vacíos y cuya cuantía en total ascendería a la suma de 6,6 millones de euros».

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)