El primer juicio al excomisario José Manuel Villarejo por el extenso caso Tándem, la macrocausa sobre las investigaciones privadas que, supuestamente, llevaba a cabo con medios policiales por encargo de diversos clientes, ha llegado a su fin este miércoles en la Audiencia Nacional, cuya sentencia será clave para el resto de piezas en las que está investigado.

Tras casi un año de sesiones intermitentes y con alguna que otra interrupción de por medio, el tribunal ha dejado visto para sentencia un juicio que ha sentado en el banquillo a una treintena de acusados, incluidos varios expolicías, la mujer y el hijo del excomisario, sus clientes y algunos de sus empleados en el grupo Cenyt, el entramado de sus empresas.

El exinspector Constancio Riaño, uno de los presuntos facilitadores de información reservada a Villarejo, ha sido el encargado de echar el cierre haciendo uso de su derecho a la última palabra. Riaño ha negado haber colaborado con el excomisario e incluso ha negado conocerle, y ha volcado en su superior toda la responsabilidad de haber ordenado obtener datos de bases policiales para Villarejo.

“Yo no fui un policía corrupto, señoría; en todo caso fui un policía obediente y confiado”, ha dicho emocionado ante el tribunal, y, además de cargar contra la Fiscalía, ha negado conocer a Villarejo o a Cenyt. “Nunca he puesto la mano en el cajón y nunca he recibido nada”, ha añadido.

Casi un año de vista oral

La vista oral comenzó el 13 de octubre ante un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Ángela Murillo que completan los magistrados Fermín Echarri y Carmen Paloma González para juzgar tres de los muchos y diversos encargos que el ahora comisario jubilado efectuó con su grupo empresarial, CENYT.

En la vista oral que ahora acaba se han enjuiciado las piezas Iron, Land y Pintor. En ‘Iron’ se han analizado los trabajos realizados para el despacho de abogados especializado en propiedad intelectual Herrero&Asociados, que habrían consistido en investigar a un bufete rival formado por antiguos empleados, Balder, ante la sospecha de que les había robado la base de datos.

En ‘Land‘, Villarejo habría dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca, por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.

Con ‘Pintor’, habría cumplido el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

El hilo conductor de estos tres encargos sería que Villarejo usó sus contactos en la Policía para conseguir datos de carácter reservado –tráficos de llamadas e información bancaria, tributaria o de seguridad social– sobre los objetivos de sus pesquisas. El resultado habrían sido varios informes por los que, en total, se habría embolsado más de 650.000 euros.

El “espía” que trabajaba para la Policía y el CNI

La estrategia defensiva de Villarejo ha sido presentarse como un “espía” que trabajaba para Policía y CNI utilizando CENYT como “tapadera” para acceder a las “fuentes humanas” que manejaban información de interés para el Estado. Según él, estaba autorizado a usar ese entramado societario también para encargos privados y lo que ganaba revertía en el mismo.

De todo ello, ha sostenido, eran conscientes los sucesivos directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía, ministros de Interior y hasta presidentes del Gobierno desde que comenzó su andadura como “agente encubierto”, allá por los 90, haciendo trabajos “mucho más graves” que los descubiertos por la vía judicial.

“Por supuesto que la Policía española ha contado, cuenta y contará con otros Villarejos, si es que es una práctica necesaria para el Estado (…) y estamos seguros de que la Sala lo sabe”, glosó su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, durante su informe final.

Si la causa estalló, saliendo a la luz pública una figura concebida para permanecer en las sombras, fue por una ‘vendetta’ del entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, y del jefe de Asuntos Internos de la época, Marcelino Martín Blas, contra Villarejo por haber alertado de sus supuestas corruptelas, han aducido.

Sobre los presuntos delitos, han reducido estas tres piezas y toda la macrocausa a una mera revelación de secretos, pero ni siquiera “secretos sensibles”, sino datos básicos que –afirman– están disponibles en “fuentes abiertas”, a mano de “cualquier detective privado”.

La Fiscalía cree “intolerable” que se enriqueciera

En este juicio, la Fiscalía ha dejado claro que no cuestiona ese supuesto rol de agente de inteligencia o colaborador del CNI que reivindica constantemente el excomisario porque -ha insistido- de lo que le acusa es de lucrarse valiéndose de su condición de policía, algo que los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas han tachado de “intolerable”.

En su última alocución, Serrano ratificó esta idea al describir a Villarejo como “un policía corrupto” que ofrecía unos servicios concretos, de “policía privada”, guiado únicamente por el “ánimo de lucro”.

Por todo ello, Anticorrupción pide para Villarejo una condena de 83 años de cárcel por delitos de cohecho pasivo, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de tentativa.

Además de Villarejo, están acusados el abogado Rafael Redondo -identificado como su socio en el entramado-; el abogado David Macías o la mujer del excomisario, Gemma Alcalá. A los dos últimos la Fiscalía les rebajó notablemente las peticiones de condena: en el caso de Alcalá, de más de 80 a 5 años de prisión.

De la larga lista de acusados, más de 30, la mayoría de haber contratado a Villarejo en los tres encargos que se han juzgado han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han reconocido los hechos a cambio de una reducción en su petición de condena.

Queda pendiente el ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño, al que los investigadores presentan como el principal proveedor de datos confidenciales a Villarejo, ya que el tribunal acordó suspender el juicio para él por el ictus que sufrió el 1 de mayo.

Será la sentencia la que valide o no la actuación policial, una cuestión de suma relevancia porque en esos registros se incautaron los audios y las agendas personales de Villarejo, entre otro mucho material que constituye el sustrato probatorio de ‘Tándem’.

El tribunal también está llamado a pronunciarse sobre otros asuntos que podrían condicionar las demás piezas separadas (más de 30), como la articulación de la “doble” faceta del comisario, la naturaleza de sus empresas y el rol de los clientes.

(Resumen de Agencias)