La aplicación de la nueva Ley del aborto de Irene Montero supondrá un coste extra de 132.929.915 euros anuales para las arcas públicas. Así lo revela el Ministerio de Igualdad en el Análisis de impacto económico y presupuestario de la norma, un documento que está obligado a elaborar. El reparto quedaría así: 1,15 millones de euros para el Estado propiamente dicho, 88,7 millones para la Seguridad Social y 43 millones más para las comunidades autónomas.

El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 agosto llegó el miércoles 7 de septiembre al Congreso para el inicio de su tramitación parlamentaria, que será por la vía de urgencia, dadas las prisas del Gobierno. En la documentación remitida a la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso El Debate, Igualdad pone cifras a una ley con aspectos tan polémicos como la eliminación del permiso paterno para las menores de 16 y 17 años, la creación de un registro de médicos objetores y las bajas laborales por menstruación incapacitante y tras abortar.

Solo garantizar el aborto en centros públicos supondrá 7,5 millones de euros más al año; a razón de 380 euros por aborto. En su análisis, el Ministerio de Igualdad da más detalles: «En promedio un aborto de hasta 12 semanas, con anestesia local y sin otro tipo de complicaciones puede costar alrededor de 350 euros incluyendo el preoperatorio. Si el embarazo supera las 12 semanas el precio de la intervención se incrementa de manera muy variable dependiendo del número de semanas, las condiciones de salud y el riesgo que implica la intervención», especifica. De ahí que haga una media de 380 euros.

45,2 millones al año en abortos

En 2019, las comunidades autónomas gastaron 37.676.620 euros en practicar 99.149 abortos, según los datos que aporta el departamento de Montero. Esos 7,5 millones son a mayores, un 20 % más. Así que, una vez que esté en vigor la nueva norma, el Sistema Nacional de Salud gastará al año más de 45,2 millones de euros solo en la operación de extraer el feto del vientre materno.

A ello hay que sumar la atención extrahospitalaria especializada a las 79.000 mujeres que, en promedio, vienen abortando en centros privados. El coste para las arcas del Estado será de otros 7,8 millones de euros. Suma y sigue, porque la norma de Montero concede a las mujeres el derecho de cogerse una baja laboral remunerada tras abortar. Eso serían otros 7,8 millones de euros.

No obstante, el mayor impacto presupuestario de la nueva Ley del aborto está vinculado al permiso preparto desde la semana 39 de embarazo, una baja cuyo coste asumirá la Seguridad Social –el Ministerio de José Luis Escrivá-, no las empresas. El Ministerio de Igualdad estima que el gasto será de 57.114.000 euros al año.

La disposición gratuita de métodos anticonceptivos en todos los centros del Sistema Nacional de Salud supondrá un coste extra de 28,8 millones de euros. En el caso de la píldora del día después, actualmente ya se dispensan de forma gratuita en la red pública, de manera que la nueva ley no debería suponer un gasto de más. Sin embargo, Igualdad contempla de aquí en adelante la «hipótesis» de un «incremento eventual de la demanda (de píldoras del día después) de un 2,5 % del total». En ese caso, serían 319.000 euros anuales más.

A ellos se suman los anticonceptivos hormonales, que hasta ahora estaban en régimen de copago y con la nueva ley serán totalmente gratuitos. En España había en el año 2020, según el Ministerio, 10.455.435 mujeres en edad fértil, de las que un 9 % utilizaba algún método anticonceptivo hormonal combinado (píldora, parche o anillo). Es decir, 940.989 mujeres. De ahí el cálculo.

La Ley del aborto establece también que las mujeres con menstruaciones incapacitantes tendrán derecho a un permiso por incapacidad temporal. Un aspecto que en su día no estuvo exento de polémica, por la complicación de delimitar qué es una menstruación incapacitante. Igualdad calcula el coste de esta medida en 23,84 millones de euros anuales para atender esa circunstancia entre las mujeres fértiles trabajadoras, unos seis millones.

La Seguridad Social será la que asuma la mayor carga económica, 88,75 millones de euros, porque sufragará el permiso materno a partir de la semana 39 y las bajas laborales remuneradas para las mujeres que aborten o que tengan reglas incapacitantes.

Las comunidades autónomas pondrán otros 43 millones de euros –según los cálculos de Igualdad– para garantizar el aborto gratuito en todo el Sistema Nacional de Salud y los gastos farmacológicos que lleva aparejado, así como para suministrar anticonceptivos gratis. Por último, al Estado le queda un pico de 1,15 millones de euros.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)