Los datos facilitados por el Ministerio del Interior respecto al aumento de la criminalidad en lo que va de 2022 son demoledores. Pero uno destaca sobre el resto. En el primer semestre, las violaciones se incrementaron un 26,8% en comparación con el año pasado. Llamativo, cuando menos, si se considera que el Gobierno de España ha destinado 525 millones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Ministerio de Igualdad. Un récord de gasto del que se ha beneficiado Irene Montero, pero que no ha impedido que se disparen las agresiones sexuales.

Los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad muestran una inercia preocupante. Las 1.211 agresiones sexuales con penetración registradas en los primeros seis meses de este curso suponen 256 más que las registradas en 2021 (955), y 480 más que hace tan sólo dos años (731). Pudiera parecer que este incremento se debe al desconfinamiento, pero la comparación con 2019, año previo a la pandemia, desmonta la tesis: hace tres años la cifra era de 825 casos (386 menos que ahora).

Desde el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska arguyen que este aumento tiene que relacionarse con «las políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar». Eso habría reducido «los niveles de infradenuncia que pueden existir en estos tipos penales». Pero los expertos consultados por THE OBJECTIVE aportan otras posibles explicaciones.

El sociólogo Rubén Tamboleo, por ejemplo, señala que «tenemos enormes estudios sociológicos a lo largo de más de un siglo que relacionan las variables crisis económica y delincuencia», pero éstos «no se han desarrollado más porque existe un tabú a relacionarlas». Otro tabú al que apunta es a que, en materia de igualdad, «el fenómeno de denuncias falsas está infravalorado, y eso puede inflar otras cifras».

Una tesis que sostiene también el criminólogo Juan Carlos Gutiérrez, que tampoco desprecia cómo los balances de criminalidad elaborados por Interior «están basados en datos que les facilitan Policía Nacional, Guardia Civil y distintas policías autonómicas». «En España hay una evidente descoordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, y datos muy maquillados», zanja Tamboleo.

El Presupuesto de Igualdad

Sea como fuere, las cifras contrastan con el esfuerzo económico del Estado en el Ministerio que dirige Irene Montero, que cuenta año tras año con un presupuesto más abultado. Su dotación en los PGE de 2016 fue de 45 millones de euros. Una cifra que aumentó hasta los 51 millones al año siguiente y contó en 2018, 2019 y 2020 –debido a la prorrogación de las cuentas– con 181 millones anuales. La llegada del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos disparó el presupuesto en este departamento. En el año 2021 dispusieron de 459 millones y para 2022 se fijaron 525. Cifra récord.

A este gasto hay que sumar los 20.000.000 millones destinados por el Gobierno de Pedro Sánchez -y que fueron anunciados por la propia Montero- para el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-25. Desde su aprobación el pasado 8 de marzo, tal y como informó VozPópuli, el plan está teniendo difícil seguimiento, por cuanto no consta su aplicación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es algo que prometió el presidente del Ejecutivo.

Irene Montero, con el pretexto de reducir la violencia sexual en la sociedad, acaba de aprobar la conocida como ley del solo sí es sí. Esta norma reforma el Código Penal para que se equiparen los delitos de abuso sexual y agresión sexual, desapareciendo el primero y marcando, por ello, un mínimo legal más bajo. Esto podría derivar en una situación tan paradójica como que los miembros de la Manada -cuya violación motivó la norma- vieran reducidas sus penas -fueron condenados a 15 años de prisión-.

En este sentido, la otra medida estrella de la cartera ministerial que dirige Unidas Podemos para 2022 ha sido la implementación de los llamados «puntos violeta»: espacios «seguros» en los establecimientos privados, que consisten en la colocación de pegatinas moradas con información sobre violencia machista en los escaparates. Estos ayudarán, según Igualdad, a «implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres».

Para esta y otras labores Irene Montero ha reclamado esta semana un aumento de 70 millones de euros para los Presupuestos de 2023. Un aumento considerable para unas políticas cuya utilidad, sin embargo, están en entredicho por los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que podría usar esa cuantía para aumentar las plantillas policiales destinadas a la prevención y persecución de la criminalidad.

(The Objetive-Marcos Ondarra)