El Gobierno de España ha dejado correr el plazo legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto educativo 6/22 del Gobierno de la Generalidad catalana que evita dar condición de lengua vehicular al castellano en las escuelas públicas de Cataluña. Este 30 de agosto finaliza el plazo de tres meses desde la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalidad  catalana (DOGC) para presentar un recurso de inconstitucionalidad. El Ministerio de Educación, pese a ser parte legitimada en el proceso legal, ha renunciado así a defender ante el Alto Tribunal el 25% de horas lectivas en castellano que exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tal y como informó THE OBJECTIVE, el Gobierno es el único que tiene la facultad de frenar ipso facto las nuevas leyes catalanas con la interposición de un recurso ante el Constitucional, tal y como solicitaron las entidades de padres a favor del bilingüismo. La impugnación de las normas autonómicas por parte del Ejecutivo habría servido para paralizar el nuevo decreto del Gobierno catalán e iniciar el curso 2022-2023 con la vigencia de la sentencia en firme de la Justicia catalana para aplicar el 25% de castellano. El mes de agosto es hábil a la hora de presentar recursos ante el Constitucional.

La negativa del Ministerio de Educación a interponer un recurso de inconstitucionalidad deja a la Generalitat vía libre para mantener el sistema de inmersión lingüística y dilata, de nuevo, los plazos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Una situación que, según las fuentes jurídicas consultadas, puede alargarse años antes de que el tribunal se pronuncie. Para impugnar el decreto por parte del Gobierno se debe acordar antes en el Consejo de Ministros y contar con un dictamen previo del Consejo de Estado, actuaciones que no se han llevado a cabo en estas últimas 24 horas antes de que se agote el plazo legal.

Acuerdo con el Gobierno catalán para «desjudicializar»

El hecho de que el pasado 9 de agosto el Tribunal Supremo tumbara los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Barcelona por no cumplir con el 25% de castellano, o que la Justicia catalana contemplara «vicios de inconstitucionalidad» en la nueva legislación del Gobierno catalán, no ha servido para que el Gobierno central intervenga en la cuestión. Todo lo contrario. En el último acuerdo alcanzado entre Moncloa y la Generalitat se comprometían a «desjudicializar» el conflicto político y a garantizar «la protección del catalán».

El Gobierno catalán promulgó un decreto ley y la Ley del catalán que declaraban abiertamente que la única lengua vehicular en las escuelas era el catalán. Con esta nueva legislación, el objetivo del Gobierno catalán era que la justicia declarase inaplicable la sentencia del TSJC del 25% de castellano. Con todo, la Generalidad catalana se negó a ejecutar la sentencia y el Gobierno de Pedro Sánchez no solicitó la ejecución forzosa instada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Manifestación en Barcelona

Ante este escenario, la plataforma Escuela de Todos, que agrupa a las principales entidades a favor del bilingüismo en Cataluña, ha convocado una manifestación el próximo 18 de septiembre bajo el lema ‘Español, lengua vehicular’ para reclamar que se proteja el derecho de estudiar en ambos idiomas en las escuelas públicas de la región.

«La manifestación es una respuesta a la política de exclusión del español de la escuela catalana que la Generalitat practica desde hace décadas, en abierta oposición a las exigencias constitucionales y en clara vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes», explican desde la Asociación por una Escuela Bilingüe.

De acuerdo con la entidad, las normas del Gobierno catalán «contradicen la Constitución» y lamentan que «en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, y dado que el Gobierno de España se niega a recurrirlas, seguirán impidiendo la ejecución de la sentencia del año 2020″.