El caso Pegasus escribe un nuevo episodio. De forma paralela a la causa abierta en un juzgado donde se trata de esclarecer los términos del hackeo del teléfono de Pedro Sánchez y de tres ministros, el Gobierno ha descartado facilitar datos al Portal de Transparencia relacionados con la frecuencia de análisis a los que se sometió el terminal del presidente antes de su infección.

Moncloa esgrime motivos de “seguridad nacional” para rechazar la solicitud, alegando que la información “pondría en riesgo las comunicaciones del Gobierno de España”. El Ejecutivo cierra así la posibilidad de arrojar algo de luz sobre uno de los casos de espionaje más relevantes de los últimos tiempos.

La crisis del caso Pegasus estalló el pasado 2 de mayo, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desveló ante los medios de comunicación que el teléfono de Pedro Sánchez y de otros miembros del Gobierno -a la postre se supo que eran Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas- habían sido infectados por el software de espionaje de origen israelí, de difícil rastreo y que permite la extracción de información sensible.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, cinco días después de aquella rueda de prensa se registró una petición en el Portal de Transparencia que requería más información sobre el escándalo. En concreto, se solicitaban datos sobre el número de revisiones de los terminales móviles del presidente del Gobierno y de los demás miembros del Gobierno llevadas a cabo por la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia, tanto en el año 2021 como en el 2022.

La petición se cursó debidamente y llegó hasta las oficinas del citado organismo el día 9 de mayo. Tras las pertinentes tramitaciones y dilaciones habituales en las resoluciones de transparencia, Moncloa ha desestimado la petición: “La información solicitada está relacionada con actuaciones en materia de seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España”, incide la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en su respuesta, que justifica su decisión en base a principios de seguridad.

“Hacer público el número de revisiones realizadas a los terminales móviles utilizados por los miembros del Gobierno, en un periodo de tiempo determinado, facilitaría pautas de actuación que permitiría conocer los protocolos de seguridad establecidos, y poner así en riesgo las comunicaciones del Gobierno de España y de los altos cargos de la Administración General del Estado”, determina el Ejecutivo. “El eventual conocimiento de la sistemática de revisión de terminales abriría una ventana de vulnerabilidad en las comunicaciones del Poder Ejecutivo que causaría un perjuicio cierto para la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la defensa”, añade.

Las dudas en torno al ‘caso Pegasus’

Pese a la rueda de prensa inicial ante decenas de periodistas acreditados -en la que Bolaños expuso con nitidez el caso de espionaje-, el Gobierno ha rehusado casi siempre a facilitar nueva información sobre el alcance del espionaje a Sánchez y a los ministros Robles, Marlaska y Planas. Los titulares de Defensa y de Presidencia insistieron en la pulcritud de la labor de seguridad desarrollada por sus respectivos departamentos en torno a la seguridad de los terminales, revelando de forma indirecta las tensiones internas que generó la crisis en el Ejecutivo.

El Ejecutivo trató de dar carpetazo político a la crisis apartando de su cargo a la directora del CNI, Paz Esteban, que gozaba de la plena confianza de la titular de Defensa. La propia Robles esgrimió que el cese de la jefa de los servicios de espionaje se debiera a una “destitución”, sino a una “sustitución”, y trató de desvincular la decisión al escándalo del espionaje.

El juez José Luis Calama Teixeira, del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, trata de desenmarañar todos los cabos en el caso de espionaje. Por el momento, ya ha tomado declaración a la exdirectora del CNI y al ministro Bolaños, aunque a este último por escrito. Tras atender las explicaciones de ambos, el magistrado ha citado a Robles y Marlaska por el hackeo de los terminales.

El magistrado también ha remitido un escrito al Consejo de Ministros relacionado con la transparencia de la información derivada del caso Pegasus. Fuentes jurídicas detallaron a este diario que dirigió un suplicatorio para que se desclasificasen los asuntos, actos, documentos o informaciones declarados secretos y que estuvieran relacionados con los testimonios de los citados Robles y Marlaska.

Además, José Luis Calama ya instó al CNI a que no borrase el contenido del terminal de Pedro Sánchez, con el objetivo de mantener a salvo todos los instrumentos relacionados con el delito de revelación de secretos que investiga a partir del caso Pegasus.

Por el momento, hay más incógnitas que certezas en torno a la infección y la seguridad de los dispositivos del presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo. ¿Quién hackeó los terminales? Los autores del software insisten en que Pegasus sólo se distribuye a países afines o agencias con las que comparte intereses en materia antiterrorista. ¿Qué información se sustrajo del teléfono de Pedro Sánchez? ¿Y de los aparatos de Robles, Marlaska y Planas? “Es imposible saberlo”, señalan fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno, por el momento, aporta la información y las declaraciones requeridas por el juez. Sin embargo, opta por el silencio administrativo para responder a las solicitudes del Portal de Transparencia; también cuando hacen referencia a los análisis forenses para chequear si los teléfonos sufren algún tipo de infección: “Los beneficios derivados de la evitación del perjuicio han de prevalecer sobre el interés público que pueda conllevar la difusión de la información”, argumenta en su respuesta.

(Gentileza Voz Populi- Gonzalo Araluce)