Los Presupuestos Generales de Estado (PGE) no satisfacen las necesidades de la Comunidad de Madrid en infraestructuras. Así lo cree al menos el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que denuncia un agravio y el «abandono» respecto a otras regiones.

El PP, que presentó ocho enmiendas por valor de 937 millones de euros, considera urgente que se aumenten las inversiones en comisarías de distritos de la capital y otros municipios, en el plan de Cercanías o en la dotación para un enlace con la M-50 en Rivas Vaciamadrid, entre otras, pero el Gobierno de PSOE y Podemos las ha rechazado todas.

El malestar en Madrid es notable, habida cuenta de que la Comunidad es una de las autonomías que menos inversión reciben por habitante, máxime si se tienen en cuenta las necesidades y su peso económico.

Así, los populares presentaron tres enmiendas al Ministerio de Interior, con la solicitud de que se modificaran partidas y destinar un millón de euros para comisarías de los distritos de la capital, otro millón para los centros policiales en municipios y dos millones más para casas cuartel de la Guardia Civil. Ninguna se atendió.

La misma suerte corrieron las alegaciones presentadas para las inversiones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Desde el PP consideran que el millón de euros previsto para la conexión de la M-50 con Rivas es «simbólico» y el plan necesita al menos de 12 millones. Además, creen que el objeto de la partida para el convenio con el ayuntamiento de la localidad no está bien definido.

Un desembolso mayor es el que se solicitó para reforzar el Consorcio Regional de Transportes, ya que los 126 millones previstos en los PGE están congelados desde 2018. El grupo popular estima que lo idóneo sería aumentar en 25 millones de euros la aportación del Estado. Sin embargo, el principal agravio a la Comunidad de Madrid que denuncian los populares es la dotación para el Plan de Cercanías. De hecho, como informó ABC esta semana, la cartera que dirige José Luis Ábalos dará 6.346 millones de euros a Barcelona, mientras que Madrid aún espera que se ejecute la estrategia aprobada en 2018, con el Gobierno del PP.

Las enmiendas se centraban en este caso en dedicar casi 400 millones de euros, divididos en 300 para la mejora de las infraestructuras de Adif y otros 70 para material rodante de Renfe. Además, el PP reiteró la demanda de que el Ejecutivo central salde la deuda de 386 millones de euros con la Comunidad, relativa a la liquidación del IVA de diciembre del año 2017, pendiente desde entonces. «Sánchez castiga a los madrileños porque castiga al PP, es una persecución contra Madrid», espetó el portavoz popular de Hacienda en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines.