El caso de los ERE es una macrocausa enrevesada y jurídicamente muy compleja, difícil de entender en su totalidad para los no expertos en la materia y para los que no hayan seguido día a día las vicisitudes del caso. Cientos de imputados, cientos de causas que se abren y se cierran, que prescriben, años de instrucción, sumarios inabarcables y millones de euros defraudados.

En estos días la actualidad política del caso se centra, por un lado, en la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y, por otro, por la salida en tromba del PSOE y sus terminales mediáticas a intentar quitar hierro al escándalo, con un argumentario que viene a decir, de forma simplificada, que salvo los “cuatro golfos” —que diría Chaves— que se lucraron sin que el PSOE lo supiese, en realidad los condenados, muy especialmente Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no son corruptos porque no se metieron ni un euro en el bolsillo y porque todo el caso consistió en crear un sistema para agilizar el procedimiento y que el dinero llegase a los que lo necesitaban lo antes posible.

Como si haber creado un sistema clientelar sin ningún tipo de control, malversando fondos públicos para mantener el voto cautivo en Andalucía durante años, no fuese una corrupción mucho más grave que el que alguien se lucre a título personal.

Además, otro de los argumentos utilizados por el PSOE para tratar de devaluar la magnitud del caso y el mazazo que supone la ratificación por el Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es que aún no se conoce el contenido de esa sentencia del TS, obviando que sí se conoce la sentencia de la Audiencia de hace tres años que diseccionó un sistema “fraudulento” de adjudicación de ayudas en cuya cúspide estaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Algunas cifras de la macrocausa

Las cifras del caso son mareantes, se miren por dónde se miren. Sólo en la llamada pieza política, ratificada esta semana por el Tribunal Supremo, se juzgaba a dos expresidentes de la Junta —Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta. Se acusó a un total de 300 personas, lo que convierte a la trama en la que mayor número de imputados ha tenido nunca en España.

La instrucción duró más de 7 años desde que la juez Mercedes Alaya —a la que la sentencia ha resarcido once años después de los ataques del PSOE— abriese las diligencias 174/2011 del caso de los ERE. Por último, el sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos y un total de 1.100.000 folios.

¿”Sólo” 680 millones?

Otra cifra mareante es la del dinero defraudado. Se ha repetido estos días que el fraude de los ERE ha sido de 680 millones, una cifra que ya de por sí lo convertiría el mayor caso de corrupción de España. Pero esa cantidad sólo incluye el procedimiento específico, es decir: la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a las transferencias de financiación a IDEA entre 2000 y 2009. Pero hay obligaciones contraídas antes de 2009, fuera de ese procedimiento específico, y otras posteriores, incluso hasta 2011.

Para hacernos una idea de a cuánto podría ascender la factura final de lo defraudado en esta gigantesca causa de corrupción, el dato más fiable lo dio la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En su informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales de 2012 —hace ya 10 años— la Cámara de Cuentas estimó en 1.217 millones de euros los que acabaría abonando la Junta de Andalucía, consecuencia de la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y los intereses de demora ligados al caso. Una cifra que casi dobla la que recoge la sentencia de la Audiencia de Sevilla ratificada por el Supremo. Una cifra, más de 1.200 millones, a la que no se podría haber llegado si los corruptos hubieran sido sólo los “cuatro golfos” a los que se refirió en su momento Manuel Chaves, teoría que tres instancias judiciales han desmontado completamente.

“Avalancha de intentos de acuerdos”

Por otra parte, la condena por malversación en la pieza política, con penas de prisión, ha puesto en alerta a los abogados defensores de todos aquellos que tienen causas pendientes en el caso de los ERE, según han contado a Libertad Digital fuentes jurídicas próximas al caso.

En esas causas pendientes se va a juzgar a todos los cooperadores necesarios y beneficiarios de esa malversación cometida por cargos públicos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la pena de cárcel para, entre otros, José Antonio Griñán, “se espera una avalancha de intentos de llegar a acuerdos” en los casos que están pendientes para evitar, sobre todo, la entrada en prisión, señalan estas fuentes a LD.

Estos acuerdos, por otra parte, permitirían desatascar la causa en los juzgados y agilizar todo el proceso, con lo que es probable que llegue a su fin más rápido de lo que todos esperamos.

(Gentileza de Libertad Digital)