La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha anunciado este lunes la puesta en marcha el próximo año de un ‘Plan Solución Joven’ de vivienda industrializada que en su primera fase supondrá la construcción de 1.200 viviendas en alquiler a un precio inferior a 600 euros.

En un desayuno organizado por Europa Press, la consejera ha precisado que esta iniciativa se iniciará en los municipios de Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada.

Las viviendas, de unos 70 metros cuadrados, se edificarán sobre suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada, empleando las últimas técnicas de construcción industrializada, para reducir precios y plazos de ejecución, además de garantizar la máxima eficiencia energética, ha explicado.

Esta iniciativa irá dirigida a menores de 35 años y tendrá por objetivo ayudar a su emancipación y, gracias a la colaboración público privada, será «sin coste para el ciudadano», ha detallado.

Sobre este punto, ha destacado que la Comunidad apuesta por este tipo de medidas frente a otras como la impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como los bonos jóvenes de alquiler social, que cuando se han aplicado no han dado los resultados requeridos.

«Nuestra solución es trabajar sobre la oferta» de vivienda en el mercado, generar las condiciones para mayor suelo y más ofertas porque Madrid es atractiva para vivir y hay que actuar en este sentido más que en la demanda.

En su intervención, la consejera ha cargado en esta línea también contra la Ley de Vivienda del Gobierno central que se tramita en el Congreso. «Mientras Pedro Sánchez agrava los desequilibrios de la economía española y dilapida recursos en anestesiar al paciente sin atajar el origen de sus males, Madrid no se para y sigue sacando adelante proyectos y reformas que nos consolidan como región puntera a nivel internacional. Son muchos los ciudadanos desalentados porque en España nos haya tocado sufrir al peor Gobierno, en el peor momento», ha detallado.

Frente a ello, ha destacado, desde la Comunidad de Madrid «no sólo asumimos nuestra responsabilidad como motor económico de nuestro país, sino también como señal de esperanza para todos los españoles de que, más pronto que tarde, las cosas van a cambiar».

Oficina Antiocupación y Plan Vive

De esta forma, la consejera ha detallado otras medidas que ha puesto en marcha la Comunidad para atajar los problemas más acuciante en cuanto a falta de suelo, exceso de burocratización y ocupación.

En esta línea, ha avanzado que, antes de que termine el verano, el Gobierno regional pondrá en marcha una segunda licitación dentro del Plan Vive para la construcción de otras 1.137 en Boadilla del Monte, Pinto y Colmenar Viejo. Se sumará así a la llevada a cabo en Alcorcón, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos, donde van a arrancar ya las obras de algunas de las 5.400 viviendas a precios asequibles, adjudicadas en la primera licitación del Plan Vive.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno regional ha licitado el 60%, con una oferta de suelo público «sin precedentes para usos residenciales, industriales o terciarios» y ha generado de momento una inversión de 700 millones de euros, en su mayor parte de capital extranjero, para crear empleo y facilitar el acceso a la vivienda en Madrid.

Así, otro punto que ha destacado la puesta en marcha de una Oficina Antiocupación para ayudar a los ciudadanos víctimas de estas prácticas, una medida que se combina con protección de los inmuebles que gestiona la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad. Al hilo, ha destacado que desde 2019 se ha logrado recuperar cerca de 500 pisos de la Agencia de la Vivienda Social que habían sido ocupados.

Sobre este punto, ha puesto en valor medidas como al inversión de 5 millones de euros al año en medidas de vigilancia y seguridad de las viviendas o protocolos de actuación con las empresas suministradoras de energía para evitar los enganches ilegales.

En esta línea, en el marco de la Ley Ómnibus que se está tramitando en la Asamblea, ha indicado que se van a introducir modificaciones en el régimen del alquiler de viviendas sociales, a fin de impedir, entre otras cuestiones, que se utilicen procedimientos de regularización para dilatar ocupaciones ilegales.

«Los datos están ahí y a pesar de carecer prácticamente de competencias en este sentido, la realidad es que las ocupaciones han caído en nuestra región en lo que va de año, un 14,33%, mientras que en Cataluña han aumentado un 43%», ha defendido. De hecho, ha destacado, Barcelona ha logrado concentrar el 50% de todas las ocupaciones que se producen en España.

«En Madrid los ocupas no van a encontrar tantas facilidades, pero nuestro problema es que una lucha realmente eficaz contra la ocupación necesita reformas en los ámbitos civil, penal y procesal, que deberán esperar a un cambio de mayoría en las Cortes Generales para que puedan llevarse a cabo», ha indicado.

«En la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que lo que hacen falta son políticas activas, eficaces e incentivadoras, que ayuden a incrementar la oferta de vivienda, que es la única forma de contener realmente su precio», ha dicho.

«En definitiva, en un momento en el que el Gobierno de la Nación hace aguas, la Comunidad de Madrid representa el mejor ejemplo de que hay otra forma de gestionar: fomentando el trabajo, el ahorro y la inversión, que es la única forma conocida de sacar una economía adelante», ha subrayado.