Su tramitación ha sido tortuosa, llena de altibajos y reivindicaciones históricas. También de negociaciones políticas lejanas al amor por la Historia de España y cercanas a la ideología. Pero finalmente la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó este lunes el dictamen de la Ley de Memoria Democrática, el último paso que afronta la norma antes de su votación en el pleno previsto el 14 de julio.

Esta controvertida ley se sanciona después de meses aparcada en un cajón por la incapacidad de alcanzar acuerdo en torno al texto final, y lo hace gracias al apoyo de PNV, EH Bildu, PDECat, Más País, Compromís y otros partidos minoritarios, y sin el respaldo de ERC.

La nueva norma sustituye a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 e incorpora nuevas medidas de importante calado. ¿Qué supone a nivel histórico?

El sistema franquista, «ilegal»

Entre los puntos relevantes que ya han sido aprobados gracias a una enmienda pactada con Más País y el PdCAT destaca la declaración de «ilegal» del régimen franquista. La consecuencia directa de la «ilegalización» del régimen es la ilegalización también de sus aparatos y operaciones, como los tribunales franquistas, lo que supone la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten.

Euskera, catalán y gallego, «víctimas»

Uno de los puntos más polémicos es el que reconoce como víctimas a las lenguas, personalizándolas: «el euskera, el catalán y el gallego son consideradas víctimas». Además de las lenguas, la ley reconoce como víctimas a sus comunidades y a las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes «fueron perseguidos por hacer uso de estas», y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

Ley de 1978

La enmienda más polémica, acordada entre el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Más País, amplía la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL, la organización terrorista dedicada a la ‘guerra sucia’ contra ETA.

En concreto, la enmienda plantea designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».

Los dirigentes franquistas, sin títulos nobiliarios

Tanto Francisco como Carmen Martínez-Bordiú Franco dejarán de ostentar el Señorío de Meirás y Ducado de Franco. Como ellos, los herederos de Emilio Mola, Queipo de Llano, Carrero Blanco, Arias Navarro y todos los que trabajaron para el régimen franquista: una nueva enmienda recoge la retirada de 33 títulos nobiliarios entre 1948 y 1978.

Del Valle de los Caídos a Cuelgamuros

Toda España asistió boquiabierta a la inhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Esto no parece suficiente para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido cambiarle el nombre al monumento de la sierra de Madrid y renombrarlo simplemente como Cuelgamuros.

(Gentileza de El Debate)