Turón es una localidad granadina situada en el sureste de la provincia, muy próxima al límite con la provincia de Almería. Constaba Turón de unos 1.800 habitantes en los años treinta, estando inmersa en la retaguardia del ejército republicano.

En 1938, los miles de presos políticos de Almería se concentraban en la prisión del Ingenio. La mayor parte de ellos lo eran por «desafección» al Gobierno del Frente Popular, por sus creencias o por su condición social o profesional. Algunos de ellos habían estado afiliados a los partidos de la CEDA o a la Falange. Muy pocos habían participado en la sublevación de 1936, aunque la mayoría seguramente simpatizaban con ella. Estos presos habían sobrevivido a la violencia revolucionaria del inicio de la guerra, difícil de cuantificar en Almería, donde, dependiendo de los autores, las cifras varían desde las 457 (R. Quirosa-Cheyrouze) a las 985 víctimas mortales (R. Salas).

En mayo de 1938, por decisión del jefe militar de la zona, José María Galán (jefe del XXIII Cuerpo de Ejército republicano y miembro del PCE), se creó el campo de trabajo en Turón con la supuesta intención de construir una carretera al vecino pueblo de Murtas. Según algunos autores, la verdadera intención era combatir a la «quinta columna» almeriense, si bien no parece razonable pensar que el cambiar a los ya apresados de lugar fuera una medida efectiva, además del escaso peligro que dicha columna implicaba en 1938.

El primer envío de 301 presos al campo de Turón iba acompañado de una nota del gobernador civil, Eustaquio Cañas (metalúrgico afiliado al PSOE), dirigida a Galán, donde le decía: «Ahí te envío 300 fascistas; cuando se te acaben te mandaré más», dejando entrever las verdaderas intenciones de ambos. Entre los 301 iban 22 presos comunes que colaborarían con la guardia e incluso participaron en los asesinatos de otros presos.

La primera expedición de presos salió el 3 de mayo de 1938, siendo asesinados los dos primeros durante el traslado que duró tres días. El oficial al frente de la guardia era el teniente Maximiliano Céspedes, el cual se presentó voluntario para la función.

En los cinco meses que permaneció este grupo de presos en Turón sufrieron todo tipo de privaciones, humillaciones y maltratos. Entre los presos los había procedentes de familias renombradas de Almería, como es el caso de José Casinello Barroeta, asesinado el 1 de junio (su hermano Andrés, diputado de la CEDA, ya había sido asesinado en 1936); también había varios estudiantes, como Francisco Escámez Morales, de 17 años, el cual, sorprendentemente, sobrevivió a múltiples palizas y maltratos; había algunos pocos miembros de las fuerzas del orden público, como es el caso del número de la Guardia Civil Francisco Cano Ojeda, al que mataron atravesándole con un pico por la espalda; los había que habían sido seleccionados a pesar de estar enfermos, como es el caso de Tomás Ferrer, que sufría una angina de pecho, Gabriel Rodríguez Córdoba (recién salido del hospital) o Pedro García Haro, siendo asesinados por su imposibilidad de trabajar.

En cualquier caso, la mayor parte de los presos eran empleados, labradores, comerciantes, funcionarios, etcétera. El historiador Ángel David Martín Rubio ha calculado la distribución social de los asesinados por los republicanos en la provincia de Granada, obteniendo casi un 50 % de jornaleros y labradores, habiendo más de un 15 % de artesanos, comerciantes, empleados y funcionarios, siendo los propietarios menos del 10 %. Es decir, a pesar de lo que algunos historiadores mantienen, no sólo la pobreza y las diferencias sociales impulsaron el odio de parte de los seguidores del Frente Popular, sino también la intolerancia religiosa y un exacerbado odio político a sus oponentes.

Como declaró judicialmente uno de los sargentos de la guardia: «…las instrucciones consistían en disparar por el más fútil motivo a los presos, puesto que la principal misión de traer aquí esta gente no era la construcción de la pista, sino la de eliminar a los enemigos del régimen». De esta forma, en la primera jornada de trabajo ya fueron asesinados tres presos.

Algunas atrocidades, además de las relatadas anteriormente, incluyen el sacar el corazón a un preso tras apuñalarlo y tratar de que otros se lo comieran, obligar a arrastrar piedras pesadas atadas a los testículos, arrojar presos por un barranco de 100 metros o cortarle las orejas a un preso estando todavía vivo.

La justicia republicana se vio obligada a actuar tras conocerse internacionalmente lo que sucedía en Turón, entre otras razones porque Adela Pérez, viuda de José Casinello, logró informar a un hermano de su marido residente en Londres. El Gobierno de Negrín, sabiendo la guerra perdida militarmente tras la primavera de 1938 y precisando del apoyo internacional, trató de mitigar el impacto de las noticias enviando una inspección que pudo iniciar un proceso que, aunque no detuvo los asesinatos, los ralentizó, y en el que se logró destituir y encarcelar a Galán en diciembre de 1938.

Al principio de octubre de 1938 llegó la segunda expedición con 201 nuevos presos, relevando a los supervivientes de la primera, de los que habían fallecido 83 y precisaron ser hospitalizados otros 43. En la segunda expedición hubo un mínimo de otros 15 muertos. En total, en Turón (y Murtas) murieron entre 100 y 120 personas, incluyendo ambas expediciones y a posibles fallecidos en los hospitales tras la salida del campo.

Galán y Cañas pudieron escapar de España, mientras que los tribunales del ejército «nacional» fusilaron, al menos, a 21 guardias entre los 120 que pasaron por Turón, incluyendo al teniente Céspedes.

(Gentileza de Alberto Ayuso García y El Debate)