Unidas Podemos y el Partido Socialista han pactado 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para acabar con la “anomalía” que, según el comunista y revanchista Enrique Santiago, supone la aplicación “que los Tribunales han venido haciendo Ley de Amnistía de 1977”. “Hay crímenes que no pueden pertenecer impunes”, ha añadido el secretario de Estado para la Agenda 2030.

“Esto se va a corregir con esta interpretación. La Ley de Amnistía no va a poder ser utilizada como excusa para no perseguir este tipo de crímenes”, ha insistido antes de presentar la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que investigará los hechos “del golpe de Estado, la guerra y la dictadura” aunque la diputada morada ,Martina Velarde, ha hecho hincapié que “van ampliar el censo de víctimas del franquismo para añadir a los supervivientes y las víctimas de la Transición”. Se acabará en el año 1982, justo el año que Felipe González llega a La Moncloa.

Según fuentes de la formación morada, se pretende que se incluya como “víctimas de la Transición” a jóvenes como lo del “caso Almería”. Tres jóvenes que fueron asesinados por la Guardia Civil tras ser confundidos con miembros de ETA en 1981 y cuyos responsables ya fueron juzgado en 1982. También quieren incluir a Manuel José García Campos, asesinado en Málaga en 1977 en una manifestación a favor del Estatuto de Andalucía.

La consideración de víctimas incluirá “reparación e indemnización”. Ambos partidos quieren incluir un “censo de supervivientes”, con todos los detenidos, y un “censo de trabajo esclavo”, donde se incluirá a “los presos políticos que trabajaron en el Valle de los Caídos o los que trabajaron gratuitamente creando pantanos”.

Objetivo: cambiar la doctrina del Supremo y juzgar exministros

“Debería cambiar la doctrina del Supremo y enmendar algunas sentencias del Constitucional”, dicen fuentes negociadoras, quienes elogian lo fácil que ha sido el trámite: “Ha podido ser tras una conversación entre el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y del PSOE”.

“Desgraciadamente el efecto no será muy importante en temas de justicia”, afirmaba Enrique Santiago porque “la inmensa mayoría de los responsables de los crímenes de la dictadura han muerto pero queda alguno vivo que ha podido operar durante los últimos años de la dictadura”. “Es evidente que cualquier ministro del Franquismo que haya tenido una intervención directa donde se hayan causado daños y delitos de tortura podrá ser sometido a los tribunales”, han puntualizado.

No hizo falto mencionarlo pero todos pensaron en Rodolfo Martín Villa. El exministro del Interior en tiempos de UCD ya fue imputado la juez argentina María Servini por unas muertes causadas por la policía entre 1976 y 1978. Ahora, con la nueva ley, podrían ser perseguido por el nuevo fiscal español.

Franco ni en pintura

La nueva ley que saldrá del Congreso suprimirá el nombre de Valle de los Caídos y lo dejrá en “Valle de Cuelgamuros”. Según Martina Velarde, “cualquier retrato o representación artística de personas que están vinculadas a la represión franquista no se podrán mostrar en lugares representativos o de acceso público”.

La norma prohibirá exhibir, por ejemplo, figuras o esculturas de Franco. No sólo las creadas durante la dictadura, también durante la democracia aunque sean modernas o de pop-art.

El pacto entre ambos partidos incluye eliminar los títulos nobiliarios, en total 33, concedidos durante el franquismo. La idea de Unidas Podemos y del PSOE es finalizar con, por ejemplo, el ducado de Franco o el de Primo de Rivera.

Satisfacer a ERC

Los cambios vienen a satisfacer a ERC que en las últimas horas había endurecido su discurso respeto a la “Ley de Memoria Democrática”. Los de Rufián querían derogar la ley de Amnistía. Al final, los socialistas han aceptado acabar con 2 artículos de la norma de 1977 para satisfacer a los separatistas. Dos artículos clave que permitirán sortear la norma estrella de la Transición.