La lacra de la okupación en España continúa sin freno. El año 2021 cerró con la friolera de 17.274 delitos y faltas relacionados con estos ataques a los legítimos dueños de todo tipo de viviendas. Esta cifra supera en 5.000 delitos las 12.214 okupaciones con las que terminó 2018, el mismo año en el que Pedro Sánchez aterrizaba en Moncloa. Dicho de otra forma, la okupación se ha disparado un 41% en los tres años del Gobierno de PSOE y Podemos.

Estos datos se desprenden de la respuesta que el Gobierno le ha dado al Grupo Parlamentario Vox. Los de Abascal solicitaron el pasado 10 de febrero las cifras del “número de viviendas ocupadas ilegalmente en España en la actualidad y desglosadas por provincias”. La fuente de los datos facilitados por el Ejecutivo procede del Ministerio del Interior.

En la siguiente tabla aparecen las cifras totales en España. Uno de los detalles que más llama la atención es que estos ataques contra la propiedad privada han ido en aumento todos los años excepto en 2016, cuando bajaron de las 10.000 okupaciones.

Bien es cierto que, si analizamos toda la legislatura de Mariano Rajoy los datos tampoco dejan en buen lugar a la defensa que ha hecho el PP del propietario. Y es que, si en 2011 el número de okupaciones que se registraron en el primer año de Rajoy fue de 3.849 delitos, el expresidente popular terminó 2018 con las anteriores 12.214 okupaciones mencionadas (la mitad podría atribuírsele a Sánchez). Es decir, con Rajoy se multiplicaron por tres.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los tres últimos años de Rajoy, vemos que las okupaciones pasaron de las 10.377 de 2015 a las 12.214 de 2018, un 17,7% más, un porcentaje que está muy por debajo del 41% anotado por Sánchez.

Políticas que desprotegen al propietario

En Libre Mercado llevamos años haciéndonos eco de casos de lo más sangrantes de propietarios arruinados y completamente desamparados ante la impunidad con la que sus okupas se han apoderado de sus viviendas -ya sea entrando por la fuerza o dejando de pagar la renta-. El último, es el de María Luisa, que lleva dos años sin recibir un solo euro de una inquilina que se niega a abandonar la única vivienda que posee esta propietaria. María Luisa está tan desesperada, que ha instalado su saco de dormir en el portal de su casa pidiendo justicia.

Aunque antes de la llegada de PSOE y Podemos a Moncloa echar a cualquier okupa de la vivienda de la que se había apropiado ya era un auténtico calvario judicial para el dueño, con la izquierda en el Gobierno la complacencia con estos ataques a los propietarios ha ido en aumento.

Tanto es así, que con la excusa de la pandemia, el Ejecutivo que entonces comandaban Sánchez e Iglesias hasta cambió la norma para dificultar los desahucios, lo que ha generado todavía más vulnerabilidad por parte de los dueños de los pisos. En un entorno donde lo que se necesita es más oferta de vivienda en alquiler que empuje a la baja los precios, no podrían ser peores noticias.