Pedro Sánchez, tras amenazar a los jueces y periodistas que siguen haciendo su trabajo con respecto a Begoña Gómez, ha debido decidir que, como la ola de actuaciones judiciales e informaciones sigue, es hora de rescatar por enésima vez a Franco.

El encargado del nuevo acto de persecución del dictador muerto ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha programado para el 6 de junio la reunión de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática “para la distribución de tres millones de euros y continuar con las exhumaciones en todo el territorio español”. Tres millones. Pero, además, la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática servirá para remarcar un aviso: “Si una administración no retira sus vestigios, lo hará el Gobierno”.

La voluntad del Gobierno es mantener “como mínimo” la partida presupuestaria de 2023, con los presupuestos prorrogados en 2024, para atender las distintas peticiones en relación a la memoria democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, canario, ha destacado su disposición a firmar, además, un protocolo, con las propuestas más avanzadas que le ha trasladado el Gobierno de Canarias. El convenio se centra en Fuencaliente. Y allí “junto al Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento”, Torres aportará “una cantidad cercana a los 100.000 euros para exhumaciones y proyectos de resignificación”. Un total de 100.000 euros. Y eso que es su lugar principal de captación de voto. Y el mismo proyecto se pretende aplicar en el resto de protocolos en las islas, como los pozos del olvido de Arucas.

Ángel Víctor Torres ha recordado que hay dos leyes de Memoria, la de Memoria Histórica de 2007 y la de Memoria Democrática de 2022, y también hay ley y un reglamento en Canarias, como referencia a su comunidad, junto a un catálogo de vestigios franquistas. Y ahí ha llegado una de sus principales advertencias a las administraciones que no colaboren en el combate a los vestigios franquistas: “El Gobierno de España apoyará todo lo que sea mejorar y que todo se haga con colaboración interadministrativa, pero no queremos que la retirada de vestigios franquistas se demore. Y si alguna administración no retira los vestigios franquistas, lo hará el Gobierno de España”.

No se trata del primer retorno a Franco de Sánchez de los últimos meses. El Gobierno ya ha exigido un listado de obras construidas con “trabajos forzados durante la dictadura”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática prepara para ello un “censo de las personas que sufrieron las consecuencias del presidio y del Patronato Para la Redención de Penas por el Trabajo”.

La explicación oficial del Ministerio asegura que “se nos quiebra el alma cuando escuchamos los testimonios de hijas y nietas de quienes sufrieron presidio por defender la democracia y que fueron obligados a trabajar forzosamente en condiciones de miseria y aislamiento inhumanas”.

(Gentileza Libertada Digital-Carlos Cuesta)