A primera hora del día y por sorpresa, como mandan los cánones, cerca de cien efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil irrumpían el viernes en el sector 4 de la Cañada Real para llevar a cabo la última gran redada antidroga registrada en la región.

En total, los agentes descubrieron más de 8.000 plantas de marihuana en el interior de doce naves, derribadas en su gran mayoría a lo largo de las casi trece horas que duró el operativo.

El despliegue también contó con la presencia de medio centenar de uniformados de la Policía Municipal de Madrid y la de Rivas-Vaciamadrid, por una sencilla pero paradójica razón: los números pares de este tramo pertenecen a la capital (distrito de Vicálvaro) y los impares al municipio limítrofe.

Al menos una decena de personas terminaron con los grilletes puestos, acusadas de un delito contra la salud pública, después de que los cuerpos de élite de Policía Nacional y Guardia Civil, las Unidades de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), respectivamente, culminaran una sigilosa investigación iniciada meses atrás.

Las plantas decomisadas escondían detrás sofisticadas estructuras de cultivo ‘indoor’, con generadores de corriente, potentes extractores y grandes focos. De hecho, varios de los puntos marcados, supuestamente destinados a uso residencial, estaban copados por las lucrativas hojas verdes de bordes puntiagudos y sin posibilidad habitacional.

Al tiempo que los agentes enfilaban la ruta de casas señaladas, los vecinos del enclave preferían guardar silencio, fieles a una ley no escrita que impera en zonas donde el tráfico de droga es una realidad incómoda pero de sobra conocida por todos.

La Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real advertía ayer de que la actuación policial ha provocado la avería de un transformador, interrumpiéndose el suministro eléctrico en los sectores 2, 3 y 4.

Cabe recordar que este último sector, poblado por unas 300 familias y con el 100% de suministros de agua y luz ilegales (al no estar regularizado el asentamiento y por tanto no tener la opción de formalizar contratos), no está afectado por los cortes de electricidad que desde octubre de 2020 asuelan al sector 6, degradado por la venta de cocaína y heroína a la entrada del mismo, y parte del 5.

Desde el inicio del conflicto, catalogado por el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, como «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales», todos los agentes implicados han descargado la responsabilidad en el de al lado.

La Comunidad de Madrid, blanco de gran parte de las críticas, ha puesto el foco en la inacción de la Delegación del Gobierno; y ambas instituciones, al igual que UFD (la distribuidora de Naturgy encargada de suministrar la luz), han venido resaltando los consumos no localizados a causa de los cultivos ilegales.

Pese a las reiteradas operaciones policiales para poner coto a esta controversia, lo cierto es que la red eléctrica continúa fuera de juego para desgracia de un enclave sometido ya de por sí a unas condiciones de vida extremadamente vulnerables.

El problema, según relataban a finales de 2020 fuentes cercanas a la investigación, estribaba en la dificultad de cortar de raíz los miles de tallos escondidos: «Si desmantelamos una plantación, a los dos días aparece una nueva en otro terreno». Más de 365 días después, nada parece haber cambiado.

Mientras más de 4.500 habitantes siguen a oscuras (según la plataforma vecinal creada a partir de los apagones), las voces discordantes no paran de crecer. La última, la del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ayer exigía una respuesta al Comisionado de la Cañada Real para acabar con esta «situación de emergencia humanitaria». Papel mojado hasta la fecha.