La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha adelantado algunos de los cambios que su departamento está preparando para su anunciada reforma de la Ley del aborto y, entre algunas de estas medidas, destaca el acceso a esta práctica a partir de los 16 de forma “autónoma”, la eliminación de los tres días de reflexión o un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, la ministra ha destacado que el deber del Gobierno es el de “blindar el derecho al aborto en la sanidad pública”.

Para ello, ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde se informará a la mujer del procedimiento y, en el caso de que tuviera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos.

Además, Montero ha mostrado su intención de que “las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder” al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “de forma autónoma”. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, ha declarado.

Del mismo modo, ha explicado que su intención es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, según ha indicado, se respetará “escrupulosamente” el “derecho constitucional” a la objeción de conciencia”, pero haciéndolo “escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”.

Para ello, el Ministerio propone un texto que se referencia en la ya aprobada Ley de Eutanasia, que contempla un registro de facultativos objetores.

Montero señala que será la mujer quien decida el método de interrupción. Para ello, en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además se eliminará la obligación de recibir el sobre actual –en el que se les pide que reflexionen sobre su decisión– que se proporcionará solo en los casos en los que las mujeres lo soliciten.

“Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas”, ha lamentado la titular de Igualdad.

“Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy”, ha declarado. “Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio”, ha insistido.

OTRAS MEDIDAS

Pero, además, Montero ha destacado otras medidas que su departamento incluirá también en esta norma y que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto y actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica.

Del mismo modo, ha indicado que “la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres”, y garantizarla será “una obligación del Estado y los poderes públicos”. En este sentido, ha indicado que se abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres “sigan siendo enormemente costosos” o que sean las mujeres las que siempre asuman la responsabilidad de la anticoncepción.

SOBRE LA DERECHA “REACCIONARIA”

Por otra parte, la ministra se ha referido a la postura de la “derecha reaccionaria” sobre el derecho al aborto, una “negación” que, a su juicio, no solo “demuestra su machismo”, sino también “su voluntad de que la mujer no sea libre”.

A su juicio, el “proyecto de país” de “las derechas” o “el bloque reaccionario”, se basa “en la negación de los derechos de las mayorías para sostener sus privilegios”. “Han entendido perfectamente que el nivel de acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos es un indicador claro del grado de libertad, de autonomía y de libre ejercicio de todos sus derechos que tienen las mujeres en la sociedad”, ha apuntado.

Es por eso que, según la responsable de Igualdad, la derecha “cuestiona de forma permanente y agresiva” los avances en esta materia e “insisten en imponer que las mujeres” un “rol estricto y de subordinación en la estructura social, económica y política” a través “del control y el disciplinamiento” de sus cuerpos y “la negativa” a que sean “dueñas” de sus vidas.

Del mismo modo, ha advertido del “enorme riesgo” para la “democracia” que, a su juicio, supone “escuchar al PP proponer la derogación de la Ley del aborto de 2010 y la vuelta a la ley del año 85” o que la presidenta ‘popular’ de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que “el aborto es un fracaso” porque, según ha indicado Montero, promueve “la estigmatización, el juicio y la discriminación de las mujeres en el ejercicio de un derecho”.