En las últimas horas hemos conocido con detalle los hechos ocurridos en torno al pucherazo del 3 de febrero:

El diputado Alberto Casero reafirma su denuncia

En primer lugar, el diputado Alberto Casero ha dirigido un escrito a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, reafirmando lo que se conoció en el día de la votación: “Al efectuar la votación telemática, que era NO, advertí que el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba, es decir, que aparecía como que mi voto había sido SÍ”.

Batet le impidió votar presencialmente sin reunir a la Mesa del Congreso

El diputado añade que “antes de que se anunciara el inicio de la votación”, intentó ponerse en contacto con la Cámara para advertir a la presidencia del “error manifiesto”: “Al no recibir respuesta de la Mesa y ante la imposibilidad manifiesta de hacerlo por escrito dada la premura, pero siempre antes de que se anunciara el inicio de la votación”, el diputado se puso en contacto con su grupo, que puso los hechos en conocimiento de la vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana Pastor, quien a su vez se lo comunicó a Batet, pero la presidenta de la Cámara Baja “decidió unilateralmente y de forma arbitraria arrogarse la voluntad de la Mesa en su conjunto dando inicio a la votación”.

Pastor y Suárez Illana señalan que Batet no reunió a la Mesa

Tanto Ana Pastor como Adolfo Suárez Illana, secretario cuarto del Congreso, han dirigido un escrito a Batet reclamando la convocatoria urgente de la Mesa del Congreso para tratar este asunto. El escrito denuncia “el que no se convocase por parte de la Presidencia una reunión de la Mesa incumpliendo el apartado 6ª de la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012 tras la solicitud de miembros de la Dirección del Grupo Parlamentario Popular y miembros de la Mesa, para abordar la petición del diputado D. Alberto Casero de anular el voto telemático realizado por él y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente la derogación o convalidación del Real Decreto-ley 32/2001″.

Lo que dice la normativa del Congreso sobre votación telemática

Anteayer ya vimos aquí la citada Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, concretamente su punto 4º:

“Tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la Presidencia al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones”.

Esto es lo que dice, además, el punto 6º:

“El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido”.

Batet mintió al decir que la Mesa conocía el hecho cuando ni siquiera la reunió

A juzgar por lo señalado por Alberto Casero, no se cumplió el punto 4º. Además, en este vídeo se escucha a Batet afirmando que la Mesa del Congreso tuvo conocimiento del hecho, para lo cual ésta tendría que haberse reunido, cosa que no ocurrió, como denuncia el citado escrito de Pastor y Suárez Illana:

Lo que dice el Artículo 404 del Código Penal sobre el delito de prevaricación

Así pues, Batet mintió, y esa mentira puede servir como prueba contra ella si es denunciada por un delito de prevaricación, una denuncia que debería ponerse lo antes posible. Recordemos lo que dice el Artículo 404 del Código Penal:

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

El Artículo 24 señala: “A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo”.

Batet se niega a contestar los escritor presentados por el PP

Anoche, Libertad Digital informó de que Batet no ha contestado a ninguno de los escritos del PP: ni el de Alberto Casero, ni el de Pastor y Suárez Illana, ni un tercero pidiendo que no se publicase el resultado de la votación. Ante esta situación, lo lógico es que el PP y Vox no sólo recurran al Tribunal Constitucional, sino también a la vía penal, ante las pruebas claras de que la presidenta del Congreso cometió un delito. Y el resultado fue alterar una votación.

La presidenta ya debió dimitir el octubre del año pasado

Batet ya no debería ser presidenta del Congreso después de la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre del año pasado dejando en evidencia que vulneró el derecho fundamental de participación política al suspender los plazos en el Congreso durante el primer estado de alarma. El TC señaló entonces que “la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados“. Este hecho fue ya de por sí gravísimo, y por ello Vox pidió entonces la dimisión de Batet. Con mayor motivo debería dimitir ahora, tras haber cometido un atropello antidemocrático como el que vimos este jueves, algo intolerable y que nos pone a la altura de la Venezuela bolivariana.

(Gentileza Elentir)