Águilas reales, buitres leonados, milanos reales, cernícalos comunes, busardos ratoneros, búhos reales… Decenas de aves de estas especies murieron electrocutadas en los tendidos eléctricos de una finca situada en el término municipal de Valdepiélagos.

Una sentencia pionera de noviembre de 2021 acaba de condenar a un particular a cuatro meses de cárcel por un delito continuado contra la fauna y a indemnizar a la Comunidad de Madrid por los daños causados.

La cantidad de la indemnización todavía no ha sido fijada y tendrá que ser calculada por la Dirección General del Medio Ambiente, cuando valore el perjuicio ambiental causado por la muerte de todas las aves silvestres.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid supone una gran victoria para los agentes forestales que luchan cada día por acabar con los tendidos eléctricos peligrosos, que matan cada año a 33.000 aves rapaces en toda España.

La colisión o la electrocución provocadas por estas torres es la primera causa de mortandad para las aves, además de originar numerosos incendios forestales cuando los animales en llamas caen al suelo.

El riesgo de electrocución se produce en aves de gran envergadura, que utilizan los tendidos eléctricos como posaderos y oteaderos en zonas donde hay pocos árboles. Las águilas o las cigüeñas se electrocutan cuando, al extender las alas, tocan dos conductores de distinto potencial y las atraviesa la corriente.

NUMEROSAS ADVERTENCIAS

Los hechos denunciados se remontan al año 2014 en una finca localizada en la localidad de Valdepiélagos, al norte de la región. La parcela, situada en una zona de especial protección para aves, cuenta con un tendido formado por tres cables suspendidos en 32 apoyos.

El jefe de Área de Conservación de la Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid comunicó al propietario del coto el gran número de cadáveres de aves que aparecían en sus terrenos por culpa de los tendidos eléctricos.

El responsable medioambiental requirió al dueño de la finca que aislase y protegiese los tendidos, como establece el Real Decreto 1432/2008. Esta normativa contempla una serie de pautas para modificar y señalizar las torretas y minimizar sus efectos perjudiciales para las aves.

Pese a las numerosas advertencias, el dueño de la finca hizo caso omiso de las recomendaciones. No fue hasta el año 2018 cuando decidió llevar a cabo tareas de aislamiento de los tendidos, que resultaron ser totalmente insuficientes y defectuosas.

Ante esta situación, los agentes forestales presentaron un atestado a la Fiscalía de Medio Ambiente, que decidió emprender acciones penales contra el individuo, que se han saldado ahora con una multa de más de 4.000 euros y un fallo histórico que le condena a indemnizar a la Comunidad de Madrid por un delito continuado contra la fauna.

Durante el año pasado, se presentaron 12 denuncias penales por este tipo de delitos. Se trata de los casos más extremos, ya que sólo se llega a los tribunales cuando el propietario no ha atendido a las denuncias administrativas previas.

Sacar adelante estos procedimientos es un trabajo bastante arduo, según explica Carolina Labadíe, una de las 250 agentes forestales de la región.

Su trabajo consiste en revisar los tendidos eléctricos, recorrerlos para detectar si hay cadáveres de aves y procurar que los dueños y las grandes compañías eléctricas aíslen los crucetas con un plástico protector.

Labadíe se conoce al dedillo todos los tipos de tendidos eléctricos y sabe cuáles son los más peligrosos. “Cada hora pueden fallecer cinco aves electrocutadas, pero no siempre encontramos los cadáveres. Muchas aves carroñeras se los comen”, indica.

Una vez que se localiza el cuerpo de un ave al lado de un tendido eléctrico se inicia todo un protocolo. El agente forestal siempre lleva en su todoterreno un maletín cargado de material: precintos, bolsas, guantes, botes para recoger vertidos, etiquetas…

En primer lugar, debe tomar distintas fotos del ave y retratar las zonas de las quemaduras o las garras, que suelen encontrase negruzcas y retraídas por el efecto de la corriente. Las fotos se realizan con una aplicación específica donde aparecen recogidas las coordenadas exactas del emplazamiento.

El siguiente paso es identificar la cruceta y comprobar si tiene algún tipo de número para averiguar si el tendido pertenece a alguna compañía eléctrica o a un particular. Si no tiene ninguna numeración, los agentes deben recorrer todo el cableado para ver dónde termina y rastrear quién es el propietario.

Todo ello debe quedar registrado en un acta donde figuran los datos del animal y el lugar dónde ha aparecido. Tras realizar todos estos pasos, el cuerpo del ave se traslada a Grefa, un hospital de fauna silvestre situado en Majadahonda o a Cras, un lugar de recuperación de aves localizado en el Soto de Viñuelas. En estos dos centros los veterinarios realizan la necropsia a los cadáveres para averiguar la causa real de la muerte.

Cuando se certifica que el fallecimiento se ha debido a una electrocución, se comunica al propietario lo que ha sucedido y se le insta a que modifique los apoyos eléctricos. Muchos dueños se resisten a hacerlo debido a la elevada inversión que supone.

Si no cooperan es entonces cuando se elabora un atestado que se presenta en la Fiscalía de Medio Ambiente, quien decide si ha cometido un presunto delito y si se emprenden medidas judiciales.

“Es mejor resolverlo sin necesidad de llegar a juicio. Cada vez hay más concienciación porque ya ha habido varias multas y sentencias. Pero es necesario que tanto las compañías eléctricas como los propietarios sigan invirtiendo para mejorar los tendidos eléctricos peligrosos”, concluye Labadíe. Y recuerda que si un ciudadano de a pie se encuentra con un ave muerta al lado de un tendido eléctrico no debe manipular nunca el cadáver sino alertar al 112 para que den aviso a los agentes forestales.