El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tiene su nuevo borrador acerca del proyecto de la ley de vivienda que quiere aprobar el Gobierno. El órgano, cuya opinión es consultiva, señala que la nueva norma planteada por el Ejecutivo puede llegar a suponer un problema a nivel de competencias autonómicas al «invadir» varias que pertenecen a las propias comunidades y limitarlas.

La consulta inicia con un reproche a los ataques contra el CGPJ vertidos desde el Ministerio de Transportes, quienes criticaban la postura del órgano y le acusaban de «extralimitarse en sus competencias». El Poder Judicial señala que sus decisiones «no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación», sino que lo hace en «lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente».

El nuevo texto, que desecha el anterior del letrado, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, quien fue apartado por el pleno en esta cuestión por 15 votos a seis y se decidió cambiar de ponentes. Entre sus líneas indica que existe «un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias».

Las comunidades son las encargadas de legislar en vivienda

El borrador señala que está entre las competencias del Ejecutivo asegurar el acceso a la vivienda y facilitarlo a través de planes nacionales o subvenciones como las concedidas en los últimos años. Sin embargo, señala que existe el riesgo de que se solapen actuaciones y que, no obstante, «se han de respetar las competencias autonómicas».

Los vocales indican que la vocación del texto claramente «jurídico-pública, lo que le lleva a obviar a menudo, cuando no contradecir, la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, tanto reales como obligacionales, alcanzadas por el anteproyecto», lo que pone el cerco a las competencias asumibles por el Gobierno. Es por ello que recuerda que hay materia asumible por los gobiernos autonómicos que se verían sobrepasadas, entre ellas «desarrollar una política propia en dicha materia incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que se concreta aquella política».

Los alquileres, otro punto de confrontación

En el borrador, los magistrados también dedican varias líneas a repasar la propuesta sobre el alquiler realizada sobre el Gobierno, que plantea un control de precios. El órgano de los jueces advierte que la «farragosa» reforma planteada por el Ejecutivo presenta varios problemas a la hora de mantener de forma indefinida varias de las medidas aprobadas durante la pandemia para controlar el mercado y evitar grandes desajustes en el mismo.

Sobre las conocidas como las «medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda», el CGPJ indica que la sensibilidad constitucional del tema y advierte que la medida «tiene un alcance limitado y un farragoso contenido».

De nuevo el borrador regresa a su eje vertebrador y reclama que muchas de las competencias, también en esta materia, son propias de las comunidades. «En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado, presupuestos básicos de las medidas contenidas en el anteproyecto, condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal», puede leerse.