La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obligará por ley a revisar el gasto público en subvenciones y ayudas, el cumplimiento de los objetivos perseguidos y el análisis de los resultados obtenidos.

Así se desprende del anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración que ha publicado el Ejecutivo Autonómico en el Portal de Transparencia de la región.

En ese anteproyecto de ley, que se enmarca en el primer eje del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de mayo de 2020, consta la modificación de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se añade un sexto apartado al artículo 75 que regula que dice: «El Consejo de Gobierno, en los términos que acuerde, deberá proceder a la revisión del gasto público en subvenciones y ayudas, el cumplimiento de los objetivos perseguidos y el análisis de los resultados obtenidos».

Según han explicado a OKDIARIO fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid este nuevo articulado tratará de «analizar el impacto económico de las políticas públicas» de tal modo que, una vez agotada la convocatoria de las distintas subvenciones, se pueda conocer su repercusión real. «Es algo que se revisará y analizará durante todo el año, analizando programas concretos a medida que vayan saliendo», apuntan.

Además, con este nuevo epígrafe en la Ley de Hacienda madrileña, el Gobierno de Ayuso cumple con uno de los 13 acuerdos adquiridos con Vox para aprobar los Presupuestos de 2022.

Se trata del punto decimoprimero del acuerdo que fija la realización de un programa de auditorías de todas las subvenciones. En concreto, el acuerdo establecía que «el Gobierno, con medio propios o mediante encargo a instituciones externas como la AIReF, realizará auditorias de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años, con el objetivo de comprobar el impacto de las mismas en la actividad subvencionada y los resultados conseguidos».

Además, el acuerdo establecía un marco temporal de máximo tres meses tras la aprobación de los Presupuestos por la Asamblea de Madrid para llevarse a cabo, algo que ha cumplido con creces el Ejecutivo, que logró sacar las cuentas adelante el pasado 22 de diciembre.

Además de esta modificación, el anteproyecto que tiene por objeto la «activación de la economía y el empleo», también incluye la simplificación normativa y la reducción de los trámites burocráticos, que persigue la realización de una evaluación de la normativa de la Comunidad a fin de proceder a su actualización, simplificación o derogación, en los casos que generen cargas innecesarias, contengan duplicidades o necesiten una mayor claridad en su redacción, reforzándose con ello el principio de seguridad jurídica y la reducción y simplificación de trámites, ganando en agilidad y eficacia.