La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

La Constitución Española de 1978 es la Carta Magna de todos los españoles y en ella se recogen sus derechos y deberes: es la norma máxima del ordenamiento jurídico español.
El texto constitucional se aprobó en 1978 y consta de 169 artículos que definen la naturaleza y dimensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas, el modelo socioeconómico que debe servir para la creación y distribución de la riqueza, el modelo de Estado (monarquía o república) y la organización territorial (el respeto a la pluralidad de nacionalidades y regiones y su consecuente diversidad cultural y lingüística).
Para conseguir llevar a buen puerto el proceso constitucional era necesario un pacto de todas las fuerzas políticas.
Tras las elecciones generales de 1977 se vio el momento idóneo para poner en marcha el engranaje constitucional, por ello se creó una comisión encargada de elaborar una nueva Constitución acorde con la época y los cambios que se estaban produciendo en España.
Estas personas formaron la comisión que elaboró la Constitución Española:
Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular), Gabriel Cisneros (Unión de Centro Democrático), Gregorio Peces Barba (Grupo Socialista), José Pedro Pérez-Llorca (Unión de Centro Democrático), Jordi Solé Tura (grupo Comunista), Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (Unión de Centro Democrático) y Miquel Roca (Minoría Catalana)

Para que la Constitución fuera válida, el pueblo español debía ser consultado si estaba de acuerdo o no con el nuevo texto legal.
El referéndum tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978 y la Constitución fue aprobada por el 87,78% de los votantes (casi un 59% del censo electoral).
La Constitución de 1978 ha sido modificada solamente una vez. Se efectuaron cambios en el artículo 13.2 Título I para cumplir con el Tratado de Maastrich y permitir que España entrara a formar parte de la Unión Europea. Esta modificación hacía extensible el derecho al voto a los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones locales. La reforma entró en vigor el 28 de agosto de 1992.






