La titular del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado imputar por prevaricación y malversación de caudales públicos a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el ex consejero de Sanidad madrileño Juan José Güemes en el procedimiento donde se investiga la drástica reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda).

La instructora rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción al entender que ni Aguirre ni Güemes tienen responsabilidad directa en la reducción de camas en el citado hospital público, que se habría llevado a cabo presuntamente prescindiendo del procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la Ley.

“El hecho de que Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Juan José Güemes y Ana Sánchez Fernández -ex viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid-, fueran los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008, no justifica la atribución de la condición de investigados”, resuelve la juez.

En un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada de Madrid apoya su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que no se puede “promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho”.

La instructora explica que “en ningún caso” puede desembocar en “atribuciones objetivas de responsabilidad” el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización,” por muy alto que este sea. De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad”.

En contraposición, la juez Mónica Aguirre sí accede a citar como investigado a Jesús Alejandro Vidart, ex director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, el próximo día 20 de diciembre.

En su querella, Anticorrupción sostuvo que la aprobación del Modificado 1 del Hospital Universitario Puerta de Hierro, derivado del cambio de habitaciones dobles a simples, debió haberse acompañado de la cuantificación de los efectos económicos que implicaba en el contrato de concesión la reducción de costes que producía a la sociedad concesionaria la eliminación de forma permanente de 135 camas y, en consecuencia, de la reducción del importe del canon a pagar por la Administración.