La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha irrumpido este jueves en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al avanzar que su Gobierno volverá a plantear que la Asamblea de Madrid no pueda elegir a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El anuncio tiene consecuencias más allá de su evidente impacto en aras de la despolitización de la Justicia. La propuesta de Díaz Ayuso -que quedó en suspenso debido a la convocatoria de las elecciones del 4M- llega en un momento en que PP y Gobierno mantienen contactos para el desbloqueo del Poder Judicial, aún sin éxito dada la negativa de Pedro Sánchez a aceptar la exigencia de Pablo Casado de que los jueces elijan a los jueces.

La reforma legislativa de Ayuso modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados sean elegidos directamente por el CGPJ, sin injerencia política. La reforma, que tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea, podría estar lista en dos meses, según fuentes del Gobierno regional. En el Ejecutivo madrileño se muestran optimistas en que saldrá adelante (el PP tiene 65 diputados y la mayoría absoluta está en 69).

Pero su recorrido no acabará ahí. Después, se remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados. Y podría tener un alcance nacional, con un impacto evidente en otros parlamentos autonómicos. Dadas las actuales mayorías en la Cámara Baja -con PSOE, Podemos y sus aliados separatistas y proetarras-, es poco o nada probable que prospere. Pero sí obligará al Gobierno a retratarse. El Ejecutivo no ha tenido reparo en atacar la independencia judicial, llegando incluso a asegurar que a los jueces no los pueden elegir los jueces. Un hecho que tiene en alerta a la propia Unión Europea.

En la iniciativa se recuerda que «la separación de poderes del Estado es uno de los principios estructurales de nuestra democracia y constituye el principal instrumento de control del poder público».

Por ello, la Justicia «debe mantener su independencia, tanto a nivel institucional como individual, de forma que la independencia de cada juez o magistrado no es posible si no se garantiza al mismo tiempo la independencia del Poder Judicial en su conjunto». Los magistrados, así, deben ser «directamente elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, primando exclusivamente los requisitos de mérito y capacidad».

El anuncio de Díaz Ayuso se produce mientras el Gobierno mantiene bloqueada la renovación del CGPJ por su rechazo a la condición de Pablo Casado para asegurar la independencia judicial, en línea con lo que reclama Europa y las propias organizaciones de jueces.

Los populares sólo pactarán la renovación del Consejo si el Ejecutivo accede a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan, al menos, a 12 de los 20 vocales.