Redada eléctrica en la Cañada Real: La Policía, en una operación conjunta con la distribuidora Naturgy, desmonta enganches ilegales de luz en 80 casas
La Policía Nacional y la Policía Municipal realizaron ayer una operación conjunta con Naturgy contra la defraudación del fluido eléctrico en viviendas del sector 1 de la Cañada Real, en el término municipal de Coslada.
Los agentes escoltaron a los técnicos de la compañía que revisaron 80 viviendas que tenían enganches ilegales de energía en sus domicilios. Estos ladrones de luz se enfrentan, además, a un delito de fraude en el suministro eléctrico que puede ser castigado hasta con una pena de 12 meses de multa.
La redada se realizó en las viviendas situadas en la calle de Santiago (hasta el número 266), calle Cañada Real, calle de la Granja de Negralejo y la avenida de Vicálvaro, zonas de Coslada muy cercanas al Hospital del Henares y que limitan con la M-45.
Desde las siete de la mañana, la Policía Municipal de Coslada cortó varias calles mientras los técnicos de UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy, se encargaron de llamar a los domicilios infractores para proceder a cortar la luz con la presencia de la Policía Nacional. En concreto se desplegaron en la zona agentes de la Policía Judicial de Coslada, agentes del GOR (Grupo Operativo de Respuesta) y agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción).
Según fuentes policiales, no se produjeron incidentes ni enfrentamientos con los afectados durante la intervención de los técnicos de UFD, los encargados de estos trabajos de antipiratería para Naturgy.
Las viviendas donde se procedió a cortar la energía eléctrica tienen conexiones ilegales a la red desde hace varios años y carecen de contadores. Han alterado «de forma maliciosa» la instalación eléctrica para conectarse a la red de transporte de la luz y por eso han sido denunciados sus dueños por un delito de fraude eléctrico, ya que han causado un perjuicio económico a la compañía superior a los 400 euros.
Naturgy había solicitado a estos infractores durante años para que regularan la situación con la compañía sin hacer caso a los requerimientos de la eléctrica, que acabó denunciando en comisaría a los defraudadores tras fracasar la vía administrativa. Fuentes policiales señalaron que los afectados estaban avisados desde hace tiempo de la infracción que cometían y que recibieron varias cartas de la empresa suministradora de luz.
Una vez recabada toda la documentación se acordó realizar una operación conjunta con Policía Nacional en el día de ayer para desmantelar el cableado ilegal.
Los agentes empezaron a llamar a los domicilios con conexiones clandestinas para informarles de que se iba a efectuar el corte de energía. En muchas de la casas no contestó nadie; en otros, los inquilinos, muchos de ellos extranjeros, no abrieron pese a estar en el interior de su vivienda.
Los técnicos fueron desmontando los enganches clandestinos y precintaron la mayoría de las instalaciones. De esta forma, si se vuelven a manipular y siguen con el fraude, se podrían enfrentar a una sanción mayor y a penas de hasta 24 meses.
Al final, fueron denunciadas 10 personas por fraude eléctrico. Seis de las instalaciones no se pudieron comprobar y 30 de la 100 revisadas estaban en situación legal.
«La situación de fraude en algunas de estas fincas se produce al estar conectadas a la red de distribución sin un contrato de suministro cuando se dan las condiciones técnicas y legales para que puedan formalizar el mismo con cualquier comercializadora», aclaró fuentes de UFD, la empresa eléctrica que abastece de energía a todos los sectores de la Cañada Real, tanto a las viviendas legalizadas como a las zonas que aún siguen sin una regularización urbanística.
«Esta acción está enmarcada dentro del plan periódico de actuaciones contra el fraude que desarrollamos en todo el territorio donde UFD está presente», añadieron.
La compañía eléctrica insiste en que «han realizado sin éxito acciones programadas de regularización del suministro de electricidad en 80 instalaciones en las calles Vicálvaro, Santiago, Cañada Real y Granja del municipio de Coslada que corresponden todas a situaciones de fraude acreditado en fincas de naturaleza urbana (en la misma situación que cualquier edificio de una zona legalmente urbanizada de Madrid)».
«Al ser una zona legalmente urbanizada, los afectados pueden proceder de inmediato a establecer un contrato de suministro con una comercializadora, momento en el cual se procederá a su conexión inmediata a la red en condiciones de seguridad y fiabilidad para el resto de usuarios de la red», según fuentes de la compañía.
La Cañada Real está dividida en seis sectores que discurren por los tres municipios, de los cuales el sector quinto y sexto sufren cortes de luz desde hace casi un año por sobrecargas de tensión causadas por culpa de los cultivos ilegales de marihuana, según fuentes de la compañía eléctrica.